División política de España, en el Nuevo Atlas de España de Aguilar (1961).
En julio de 1975, un redactor del diario Mediterráneo aprovechó la noticia de la llegada de 1.700 (mil setecientos) miembros de la Organización Juvenil Española al campamento Jaime I para resumir toda la ideología del franquismo en 38 palabras, 210 caracteres:
«España y el hombre son lo que importa. España, como unidad de destino en lo universal, y el hombre, como portador de valores eternos. Y como objetivo permanente, la unidad de los hombres y las tierras de España.» (1).
Que reduce el mundo a dos categorías: los hombres de España y las tierras de España, ambas unidas con superglue, de manera indestructible: “La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible (intocable)”, rezaba el nº 4 de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, aprobados en 1958. “El hombre y la tierra” era un antiguo concepto de la geografía humana, o de la ecología humana, que expresaba las relaciones entre la cultura y la naturaleza. La obra cumbre del gran geógrafo Élisée Reclus, en seis volúmenes (1908), llevaba ese título, así como la enormemente popular serie de televisión de Féliz Rodríguez de la Fuente, que se emitió entre 1974 y 1981. Técnicamente, desde el punto de vista del Movimiento Nacional, los hombres y las tierras de España formaban un ecosistema limitado geográficamente, una ecorregión única y diferenciada del resto del mundo.
Por sorprendente que parezca, la unidad de las tierras y los hombres de España es el único de los estrambóticos lemas del franquismo que ha sobrevivido y sigue influyendo en la vida nacional.
La Constitución de 1978, al crear 17 autonomías (y dos ciudades autónomas), creó 17 compartimentos pseudonacionales, algo absolutamente contrario a los principios del franquismo. Para el régimen del Movimiento, socialistas, comunistas y anarquistas eran enemigos habituales, pero el separatismo (la división de los hombres y las tierras de España) era el pecado máximo, el que no puede ser perdonado. Hasta 1958, año que marca aproximadamente la divisoria entre el franquismo inferior y el superior, a nadie se le ocurrió plantear la menor desviación de la doctrina central-unitaria férrea. Los anuarios estadísticos incluían tablas con algunos datos básicos, como la extensión superficial, de las regiones históricas, lógicamente casi idénticas a las futuras Comunidades Autónomas salvo por algunos detalles. También se daban datos de las regiones naturales, por ejemplo la “Submeseta Norte”, que coincidía exactamente con el actual territorio de Castilla y León. Cataluña, Andalucía y Galicia eran consideradas regiones naturales tal cual, sumando esa condición a la de regiones históricas.
Muy interesante fue una división regional que se usó poco, al parecer planteada en 1940 (2), basada en criterios ecológicos y totalmente diferente de las antiguas particiones históricas o culturales. Comprendía XII Regiones (Norte, Pirineos, Ebro, Levante, Sudeste, Suroeste, Oeste, Olivera, Central, Pinera, Lusa y Duero). La región Pinera incluía Segovia, Soria, Guadalajara y Cuenca, la fría y boscosa Idoúbeda de Estrabón, la Olivera reunía Jaén, Córdoba y Albacete y la Suroeste, haciendo caso omiso de la distancia, reunía Cádiz, Sevilla, Huelva y las islas Canarias. Habría sido perfecta para un régimen tan antiseparatista como el franquismo (las regiones históricas quedaban literalmente borradas), pero no tuvo aplicación más allá de algún anuario estadístico.
Naturalmente había toda clase de divisiones administrativas del territorio nacional, cada una de las cuales abarcaba varias provincias:
Audiencias Territoriales, Distritos Universitarios, Regiones
Militares, Departamentos Marítimos, Regiones Aéreas, Jefaturas Superiores de Policía, Jefaturas Regionales de Carreteras, Distritos Mineros, Jefaturas de Costas y Puertos, Jefaturas Regionales de Transportes Terrestres, Delegaciones de Comercio, Direcciones Regionales de Administración Territorial “y así, solapadas, absolutamente heterogéneas, hasta llegar a una cifra próxima a las cien divisiones especiales del territorio nacional” (3).
El franquismo superior, mientras arrojaba paletada tras paletada de combustible fósil y nuclear a la caldera de la locomotora de la Gran Aceleración, cayó en la cuenta de que faltaba algo importante en la modernización de la nación: ya había petróleo, automóviles, carne en la mesa, electrodomésticos, pero no había planificación del desarrollo a gran escala, una ordenación del territorio a nivel de grandes compartimentos espaciales, como la que se hacía en Francia, Reino Unido o Alemania. Los Planes de Desarrollo se limitaban a colocar chinchetas en el mapa, un polo de desarrollo aquí, otro industrial allá, y una zona de descongestión (invariablemente fracasada) acullá.
Era evidente que el Régimen, que era principalmente “moderno” a esas alturas, necesitaba crear algo intermedio entre Madrid, es decir el poder nacional, y la provincia. Necesitaba descentralizar a lo grande, utilizando el escalón regional. Es aquí cuando a los políticos franquistas se les ponían los pelos como escarpias. No obstante, el tema “regional” comenzaba a aparecer con cada vez más frecuencia en los periódicos, a medida que el Régimen se encaminaba a su fase terminal. Este es un ejemplo de 1968:
“[Es necesario] realizar una verdadera distribución de nuestras disponibilidades, según la mejor condición de cada región para organizarse en un conjunto armónico» … «la provincia no es el instrumento moderno del desarrollo territorial» (4)
Hasta 1962 aproximadamente, el concepto de “desarrollo regional” era exótico, algo que pasaba en el extranjero. Poco a poco se vió que se podría aplicar a España, siempre con infinitas precauciones. El concepto de región del franquismo era completamente funcional y operativo, nunca histórico. Si en algún punto coincidía una unidad geográfica evidente con un territorio histórico (como en el caso de Galicia o de Andalucía), se podían empezar a plantear, con gran cautela, organismos regionales de control. O bien se podían crear entidades como el CESSIN (Consejo Económico Social Sindical Interprovincial del Norte), que reunía a Euskalerria (País Vasco y Navarra) con las futuras comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja, con el añadido de Burgos, por si acaso. El CESSIN tuvo bastante actividad, y produjo unos cuantos tochos sobre cómo planificar, impulsar, desarrollar y ordenar tan interesante territorio.
Una parte del Estatuto de los Gobernadores Civiles de 1958 estableció la posibilidad de nombrar un Gobernador general con mando en varias provincias, por motivos de orden público (la gran obsesión del franquismo) o en algún otro caso excepcional, que se dejó sin definir (3). En 1976, se aprobaron los Planes Directores Territoriales de Coordinación de cuatro territorios que pocos años después serían comunidades autónomas (Asturias, Aragón, Galicia y Andalucía), iniciativa que no pasó del papel del Boletín Oficial del Estado. Son aproximadamente el comienzo y el final de las apocadas iniciativas franquistas de crear una especie de pseudorregionalismo funcional.
Se puso tanto cuidado en evitar el término “regional” que se acuñó el neologismo “supraprovincial”, otra entrada del futuro diccionario de la Lingua Dictadura Francorum. Los sucesivos planes de desarrollo contenían todos ellos algún canto a las virtudes de la planificación regional, sin pasar de ahí. En 1973 se creó el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que estableció la división del territorio nacional en 14 demarcaciones (numeradas, pero no nombradas), consideradas como “contexto espacial adecuado… para una verdadera y eficaz planificación territorial”. Esta potencialmente peligrosa división de las tierras y los hombres de España, nuevamente, no pasó del papel oficial. La quinta Delegación Territorial coincidía con el territorio de Cataluña, la primera con Galicia, otras eran más “ecológicas”.
El caso es que durante los años de la Gran Aceleración varios conceptos asociados al de “desarrollo” que sonaban modernos (descentralización, desarrollo regional, planificación, ordenación del territorio nacional) llamaban a la puerta cada vez con más insistencia, y llevaban a una conclusión fatídica: la necesidad urgente de regionalización, la gran caja de Pandora que el franquismo nunca se atrevió a abrir y que provocó directamente el impetuoso surgimiento de las Autonomías. El centralismo cada vez resultaba más fascista, y la democracia se asoció estrechamente con la descentralización y la creación de regiones autogobernadas.
La vieja conocida hidra de tres cabezas, Galeuzca (Galicia, Euzkadi y Cataluña), resurgió con la fuerza de un muñeco de resorte encerrado en una caja, como si no hubieran pasado 40 años. Andalucía fue una cierta sorpresa, al unirse al grupo de la autonomía por la vía rápida. Asturies, Aragón, Valencia, Extremadura, Murcia y las islas Canarias y Baleares siguieron con más calma, uniéndose a la corriente general de entusiasmo descentralizador. Todas estos territorios eran periféricos, costeros y fronterizos. Pero, ¿qué iba a pasar con el enorme interior, lo que viene a ser Castilla? Se puede decir, sin forzar mucho la paradoja, que el franquismo determinó después de su aparente extinción la creación de nada menos que ocho comunidades autónomas.
Un caso muy particular fue el de Navarra, la única “comunidad autónoma” del franquismo, que siguió así ya en el régimen de 1978, pasando simplemente de Diputación Foral a Gobierno de Navarra, una vez que se conjuró el peligro de su unión con el País Vasco, aunque se dejó un portillo abierto: la Constitución prohíbe la federación de comunidades autónomas, salvo la de Navarra y el País Vasco.
La Gran Castilla de Santander a Sierra Morena, reivindicación del muy débil nacionalismo castellano, fue rechazada de plano por los poderes actuantes de la Transición. La zona de seguridad del franquismo, el valle del Duero, debería haberse convertido en las comunidades autónomas de Castilla la Vieja y de León, antiguas regiones históricas, pero parece ser que había cierto interés en crear una gran zona intermedia españolísima, la mayor de todas (algo más de 94.000 km2, un poco más extensa que Hungría) entre zonas periféricas potencialmente antiespañolas, “una especie de masa crítica territorial” que actuara como “un contrapeso a los nacionalismos centrífugos” (5). Así que las pretensiones de León de ir por su cuenta fueron obviadas, así como las más débiles de Segovia, que más adelante fue integrada prácticamente a la fuerza en Castilla y León.
No es ninguna casualidad que Castilla y León, gobernada casi ininterrumpidamente desde su creación en 1983 por la derecha, sea la primera comunidad que (en 2022) estrenó un gobierno de coalición entre la derecha y la ultraderecha. Y que, en 2023, se vanagloriarse de ser la única región española que estaba construyendo un embalse (Arroyo de las Cuevas, en Castrejón de la Peña, Palencia) (6). El proyecto es un viaje en el tiempo, un verdadero dinosaurio del franquismo vuelto a la vida como en Parque Jurásico, con varios miles de hectáreas de nuevos regadíos y un gran proceso de concentración parcelaria.
Más difícil es explicar como una emanación a distancia del franquismo la formación de La Rioja y Cantabria, aunque se sospecha que podrían haber funcionado como zonas-tapón o de amortiguación (5) de la zona traidora, el País Vasco (en realidad Vizcaya y Guipúzcoa), que quedaba así empaquetado entre Cantabria, Álava (que había conservado ciertos privilegios en el franquismo), La Rioja y Navarra.
Las dos comunidades restantes fueron rodadas. Castilla la Nueva (Castilla-La Mancha en nueva denominación) no quería saber nada de Madrid, pero acogió con interés a Albacete, que no quiso integrarse en el antiguo reino simbólico de Murcia. Por último, Madrid se hizo autonomía para no dejar un feo hueco en el mapa, utilizando para constituirse, además de la Diputación provincial, una institución franquista, la COPLACO (Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, creada en 1963). Todos estos tejemanejes autonómicos del interior del país fueron pactados entre los principales poderes actuantes, UCD (muy fuerte en el valle del Duero, tradicional territorio derechista) y el PSOE (por entonces con bastante fuerza en Madrid).
Si las regiones eran anatema, las provincias bajo el franquismo siguieron siendo la red básica de control del país, cada una con su Gobierno Civil y su Gobierno Militar, pero al mismo tiempo fueron el compartimento perfecto para hacer notar la diversidad apolítica permitida y alentada por el Régimen. Las provincias fueron de gran ayuda para la apisonadora folklórica franquista. Cada una consolidó un traje típico, un manjar típico, un baile típico, un carácter peculiar, un monumento emblemático y así sucesivamente.
El culmen de la estandarización provincial como compartimentos básicos de la nación se dió en la colección de cincuenta libros de la serie “España en paz” (1964). Cada provincia contaba con un volumen de diseño modernillo, fotos, un mapa desplegable y hasta un disco de plástico blando con una selección de música del folklore local.
El triunfo final de la provincia llegó con la Ley electoral de 1985, que todavía estaba en vigor en 2025, que copiaba la Ley de reforma política de comienzos de 1977, aprobada por las últimas cortes franquistas, que reproducía a su vez los términos del último discurso del último presidente del Gobierno nombrado por Franco, Carlos Arias Navarro, el 28 de abril de 1976. Arias detalló la nueva fórmula de composición de las Cortes Españolas, divididas en Congreso y Senado, la Cámara Baja formada por los “representantes de la familia” (probablemente un lapsus franquista) elegidos por sufragio universal. En cuanto a las circunscripciones electorales, “Cada provincia contará con un número mínimo de diputados, incrementado con el adicional que corresponda proporcionalmente a su censo de población” (7).
Ahí estaba la clave. En el debate en las Cortes sobre la Ley de Reforma Política (noviembre de 1976) el procurador José María Morrondo García (Palencia) hizo notar el horror político que supondría adjudicar el mismo número de escaños a Castilla la Vieja, Reino de León y Castilla la Nueva, extensos territorios poco poblados y de confianza para el Régimen, y a la pequeña, superpoblada y pendenciera provincia de Barcelona: «151.776 km2 tendrían exactamente la misma representación que 7.773 km2» (8). El Decreto-Ley de normas electorales de marzo de 1977, que rigió las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de ese año, estableció los dos escaños mínimos por provincia.
Parece ser que la Superioridad, tras la muerte del dictador, buscaba una fórmula que diera la victoria electoral automática a un gran partido emanado del Movimiento Nacional, débil en las grandes ciudades pero fuerte a escala provincial. El desdichado elector de una provincia poco poblada, que elige sólo dos o tres diputados, ve como su voto, si no va a un gran partido nacional, sencillamente no se cuenta, no vale para nada.
Adolfo Suárez, sucesor de Arias Navarro y primer presidente de la democracia, consideró el algoritmo electoral provincial muy adecuado para garantizar la victoria de la UCD (Unión de Centro Democrático), una confusa coalición de partidos reformistas que lideró la Transición y se evaporó en 1982. Tanto el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) como Alianza Popular (luego Partido Popular) apreciaron las ventajas del mecanismo electoral provincial para consolidar sus mayorías, así que nadie ha podido corregir el sistema de circunscripciones electorales surgido del franquismo final y hacerlo más democrático, por ejemplo mediante una circunscripción única para todo el país.
1- F. Pascual: 1.700 jóvenes pasarán este verano por el campamento «Jaime I». Mediterráneo, Año XXXVIII, Número 14.491, 11 de julio de 1975.
2- Boletín mensual de estadística, Números 17-20. Ministerio de Trabajo, Dirección general de Estadística, Madrid (1943). División propuesta en el tomo I del censo de 1940 «que se funda en la mayor semejanza de extensiones» El país se divide en «doce partes análogas de provincias completas y contiguas».
3- Carlos Garrido López: El regionalismo «funcional» del régimen de Franco. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época. Núm. 15. Enero-Marzo 2002.
4- «La necesaria ordenación del territorio», por S.L. de la T.. inserto en la noticia «Comienza el debate sobre el artículo segundo de la Ley del Plan de Desarrollo», ABC, 19 de diciembre de 1968.
5- Jordi Mercader: España, un cuento bien contado. Capítulo 8: La memoria de los mapas. Crónica Global (cronicaglobal.elespanol.com) 28 de junio de 2017.
6- La Junta licita por 14,4 millones de euros la construcción de la presa sobre el Arroyo de las Cuevas en Castrejón de la Peña (en comunicacion.jcyl.es).
7- Comentario Sociológico. Estructura social de España. Confederación Española de Cajas de Ahorros. Abril-Septiembre 1976. Nº 14-15.
8- María Garrote de Marcos: La circunscripción electoral del Congreso de los Diputados y el principio de igualdad del sufragio: una propuesta de reforma. Asamblea, revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº. 13, 2005.
Asuntos: Regiones
Tochos: El museo del franquismo
