Fragmento de un reportaje del diario Pueblo del 6 de junio de 1972. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, Ministerio de Cultura.
El 7 de junio de 1972 todos los periódicos de España publicaron la foto de Laureano López Rodó, el ministro del desarrollo, de visita en Estocolmo. Lo interesante de la foto era que D. Laureano estaba montado en una bicicleta, y supuestamente usaba este “medio de traslado anticontaminante” para acercarse a una de las sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. La Vanguardia publicó la foto en su portada, bajo el titular “Predicar con el ejemplo”, un mensaje un poco forzado en un país que acababa de dejar la bicicleta como medio de transporte común hacía apenas una década (la bicicleta no era suya, sino una de las puestas a disposición de los asistentes por la organización de la Conferencia).
López Rodó estuvo en Estocolmo montado en una bici porque aquello parecía moderno e innovador, algo que un súper-tecnócrata no podía rechazar. La imagen de un ministro de Franco montando en bicicleta transmitía el mensaje: el régimen del Movimiento Nacional expresaba oficialmente su apoyo a la salvación del planeta, es decir, a participar en la mejora del medio ambiente en general.
El medio ambiente, así en general, estaba de moda. Sonaba actual e internacional, tras el sonado Día de la Tierra de 1970, que tuvo eco mundial y también en España. En principio el tema se afrontó con gran cautela. Mejorar el medio ambiente global era algo que se podía hacer, pero con grandes precauciones. Pocas semanas antes de la performance ecologista del ministro, un artículo sobre el asunto publicado en la revista Arbor, órgano del CSIC, en abril de 1972, resumió la postura oficial: «El tema [del medio ambiente] es amplio, confuso todavía e incluso peligroso por sus ramificaciones de toda índole” (1).
Peligrosa, confusa y potencialmente enorme, no había más remedio que gobernar esta nueva entidad llamada medio ambiente. La Superioridad produjo una serie de artefactos administrativos con este fin. En enero de 1971 se había creado el Comité Interministerial para el Acondicionamiento del Medio Ambiente, un artefacto completamente teórico. En abril del año siguiente se transformó en la Comisión interministerial del Medio Ambiente, más prometedora, con su eufónica sigla (“la CIMA”), y se creó una especie de órgano ejecutivo, la Comisión Delegada del Gobierno para el Medio Ambiente. La CIMA estaba compuesta por una treintena de miembros, representantes de todos los tentáculos del Estado, desde el Comercio y el Turismo a la Hacienda y las Obras Hidráulicas, con abundancia de secretarios generales técnicos y directores generales.
La idea era que el medio ambiente era un ente nebuloso y ominoso, muy complejo y que debía ser abordado con gran precaución y en grupo numeroso. La norma de creación de estos organismos insiste: “La complejidad de los factores que integran el medio ambiente hace imprescindible una eficaz coordinación de las actividades de la Administración Pública que inciden en este campo” (2). La Comisión Delegada del Gobierno para el Medio Ambiente estaba integrada por los ministros de catorce ministerios (Asuntos Exteriores, Hacienda, Gobernación, Obras Públicas, Educación y Ciencia, Trabajo, Industria, Agricultura, Aire, Comercio, Información y Turismo, Vivienda, Comisario del Plan de Desarrollo y Relaciones Sindicales, todos menos cuatro (Ejército, Marina, Justicia y el Secretario general del Movimiento). Por si acaso no eran suficientes para enfrentar al monstruo, la ley permitía asistir a otros ministros si fuera necesario. La Comisión Delegada no se reunió ni una sola vez durante su década de existencia, desde 1972 a 1982 (3).
Puesto que había sido D. Laureano el que fue a Estocolmo, a explicar los progresos de España en materia de salvación ambiental planetaria (el ministro habló sobre los supuestos avances ambientales incluidos en el III Plan de Desarrollo), parecía lógico que el asunto ambiental pasara de facto a su jurisdicción. En efecto, la mejora del medio ambiente era uno de los “grandes proyectos” incluidos en el III Plan para 1972-1975. En junio de 1973 la Comisaría del Plan, que existía desde 1962, fue elevada a la categoría de Ministerio de Planificación del Desarrollo, tecnocracia en estado puro, y uno de sus departamentos, la Dirección General de Planificación Social, fue encargada del trabajo efectivo que pudiera salir de la CIMA.
Poco a poco, empezando por sub-sub departamentos, la expresión “medio ambiente” comenzó a echar brotes en el gran árbol de la Administración. El nuevo ministerio tuvo tiempo de organizar entidades como la Subdirección de Planificación del Medio Ambiente y de los Recursos Humanos (de la orwelliana D.G. de Planificación Social) y de publicar alguna legislación anticontaminante, como un decreto para frenar la contaminación producida por los automóviles (4). Más tarde se creó la D.G. de Acción Territorial y Medio Ambiente. Fue el primer jalón del largo camino hasta el Ministerio de Medio Ambiente, creado en 1996.
El Ministerio de Planificación del Desarrollo, una extraña organización que se encargaba de todo, del desarrollo acelerado y de solucionar sus negatividades ambientales, fue disuelto en 1976. Otros organismos más peculiarmente franquistas también incorporaron el gran tema a sus actividades. Por ejemplo, el Consejo Económico Social Sindical de Baleares (dedicado supuestamente al desarrollo regional) contaba con una vistosa Comisión de Defensa de la Ecología (5).
Todo este desparrame ambiental mundial, capaz de sacudir incluso al hierático régimen del Movimiento, había empezado muy poco tiempo atrás. En abril de 1970 llegaron noticias a España de la sensacional celebración del Día de la Tierra en Nueva York, con el alcalde de la ciudad, John Lindsay, poniéndose estupendo: “detrás de vocablos como ecología, entorno o polución, nos encontramos con una simple pregunta: ¿queremos vivir o queremos morir?” (6). Nixon, tras alguna vacilación, abanderó la limpieza de las aguas y del aire; el tema ambiental había cogido un impulso formidable. La ratificación de los acuerdos España-USA en agosto de 1970 incluía la cooperación para hacer frente (y de manera urgente, además) al considerado como “constante deterioro” del medio ambiente, y los primeros Coloquios de Educación Ambiental (que deberían haberse llamado de Política Ambiental) los organizó la embajada estadounidense en junio de 1971 (7).
Así que el tema era completamente respetable, no tenía nada de antisistema, cuando, en noviembre de 1971, López Rodó soltó un importante discurso en el Congreso Sindical para presentar el III Plan de Desarrollo 1972-1975. Por primera vez, el ministro comisario habló de mejorar la calidad del medio ambiente de los españoles, como elemento fundamental de la mejora de su calidad de vida. El Plan tenía como objetivo lejano convertir a España en la décima potencia industrial del mundo, tal vez para 1980. Pero, por primera vez, el Plan no solo sumaba toneladas o kilovatios (8).
El Régimen estaba obsesionado en alcanzar respetabilidad internacional, y el tema se prestaba a ello. Incluso había cierta agitación en la opinión pública. En las Fallas de Valencia de 1972, el primer premio se lo llevó una composición algo confusa que representaba el grupo escultórico del Laocoonte con máscaras antigás, sobre un gran letrero que rezaba «Contaminación», el moderno caballo de Troya (9). En los primeros meses de 1972, la revista Blanco y Negro había publicado dos extensos reportajes sobre la contaminación atmosférica, con títulos sugerentes: «Estos gases son venenosos», «Nos asfixiamos». La creación a toda prisa de la CIMA, supuesto organismo de protección ambiental del máximo nivel, fue parte de la preparación de la participación española en el evento en la crucial Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. La foto de López Rodó en bici redondeó el mensaje.
Algunos meses después, otro sector de la Superioridad, representado por el ministro de Industria (José María López de Letona) echó agua fría al asunto declarando que el crecimiento económico tenía prioridad sobre la calidad ambiental «…los países de desarrollo intermedio no pueden ceder en la carrera hacia unos niveles de consumo que satisfagan unas aspiraciones legítimas de la comunidad» (10). El comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Industrias Químicas se permitió traducir a lenguaje llano las declaraciones del ministro: «no puede consentirse que, basándose en las preocupaciones por la degradación del medio ambiente y el mantenimiento de la calidad de vida, surjan intentos para contener el crecimiento económico e industrial de los países que, como el nuestro, están todavía lejos de los niveles de renta alcanzados por los países más adelantados» (11).
El Sindicato de Industrias Químicas denunciaba la tendencia de diversos ayuntamientos de «so capa de una hipertrofiada preocupación por el medio ambiente» rechazar la instalación de industrias en su término municipal. Era en parte una consecuencia de los sucesos de Erandio tres años antes. Empezaba a crearse una cierta opinión anti-crecentista, inconcebible pocos años atrás, cuando cualquier industria, por destrozona que fuera, levantaba oleadas de adhesión en la comarca agraciada. AEORMA (Asociación Española para la Ordenación del Medio Ambiente) la primera organización ecologista antisistema, se constituyó en 1971.
En octubre de 1972, López de Letona inauguró Expoplástica-72, el escaparate de una industria extraordinariamente boyante por entonces, y dedicó unas palabras a la contaminación, precisamente a la nueva creada por la proliferación de plásticos desechables. ¿Qué hacer? Plantear una respuesta «ponderada, sensata y exenta del fácil recurso a la histeria colectiva», (12) dijo el ministro. Fue la primera de muchas invectivas que caerían sobre el ambientalismo o anti-crecentismo en general. El crecimiento era el gran mantra del franquismo junto al orden público.
Se cruzaban mensajes inquietantes. Tuvo gran difusión el informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento, basado en rigurosos cálculos sobre la evolución previsible de parámetros planetarios (alimentos, población, polución, etc.), que emplearon la nueva tecnología informática de proceso de datos. El dictamen era claro: o se frenaba el acelerado crecimiento económico, o habría serios problemas de hambre, contaminación y colapso generalizado. Aquello era kriptonita para el Régimen, que descalificó el informe y otros paralelos con la acusación de malthusianismo trasnochado. Fue también preocupante el giro hacia el decrecentismo de Sicco Mansholt, que no era un cualquiera, sino el presidente de la Comisión Europea y por lo tanto influyente en las aspiraciones del Régimen para entrar en el Mercado Común. En una carta que alcanzó gran difusión, Mansholt hacía suyas las ideas del informe del Club de Roma.
En diciembre de 1972, tras un laborioso debate en las Cortes, se publicó la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico. El debate orientó la ley en el sentido de evitar en lo posible líos innecesarios. Por ejemplo, «…el señor Mombiedro de la Torre quería que el Gobierno determinara los niveles de inmisión «periódicamente», matización que la ponencia consideró bien intencionada pero motivadora de complicaciones…» (13). La ley era una gran novedad, la primera ley ambiental explícita y genérica española, en la estela de normas similares estadounidenses. La introducción de la Ley intentaba explicar que el aire limpio no era un bien en sí mismo: «la degradación humana es el elemento de contaminación más peligroso que existe». Es decir, se trataba de «proteger el medio ambiente en que el hombre se desenvuelve», no el medio ambiente en sí mismo. Era una distinción importante, el crecimiento económico seguía yendo por muy por delante de los posibles “daños ecológicos”.
Pilar Primo de Rivera, Delegada Nacional de la Sección Femenina desde 1937, dio un sorprendente giro a su carrera política al reclamar una protección integral del medio ambiente (14). Su moción fue recogida en la ley del aire limpio, que reconoce que lo ideal sería una ley general para la defensa del medio ambiente. Pero que no podía ser, por falta de dinero y de experiencia en el nebuloso y peligroso asunto. A partir de entonces, la Ley General del Medio Ambiente (un eco lejano de las grandes leyes de tipo “España Año Cero”) se anunció regularmente en los medios de comunicación, esencialmente en la prensa, el fundamental medio de expresión durante el franquismo. Sonaba moderna, «en línea con las tendencias imperantes en el mundo actual», como dijo el subsecretario de Planificación del Desarrollo, en Ambiente-75, la rama ecológica de la Feria Internacional de Muestras de Bilbao (15). A finales de la década de 1970 se enterró el asunto.
López de Letona tuvo la desfachatez de presentar la recién aprobada ley de protección del ambiente atmosférico. El ministro dijo que «despegada ya [España] del subdesarrollo», ya se podía empezar a pensar en lujos ambientales, como el que ya tiene ahorrado el dinero para alicatar el cuarto de baño. La ley se aprobó por unanimidad el 20 de diciembre de 1972 (16). Por desgracia, antes de que se pudiera aprobar su Reglamento y ponerla en marcha, llegó la crisis petrolera y la limpieza de la atmósfera, y en general la política ambiental, se convirtió en un lujo prescindible (17).
Durante algún tiempo el «gran ancho tema que llamamos medio ambiente» (así lo calificó el director general de Planificación Social), parecía importante. Hubo incluso alguna referencia oficial a un curioso artefacto ecojurídico, el “ilícito ambiental», necesario para poner en marcha una política ecológica operativa (18), pero paulatinamente el tema fue colocado en la estantería de lo relevante pero no acuciante. En junio de 1975, la CIMA decidió combatir la idea de que «todo puede resolverse por decreto y la culpa de la contaminación la tienen la industria o algún Ayuntamiento. Todos contribuimos al deterioro ambiental y de ahí la necesidad de que todos nos enfrentemos al problema» (19).
Mediante este hábil giro, se pasó de (intentar) proteger a la población del deterioro ambiental, a culpabilizar a la población del deterioro ambiental. Esta política continuó en las décadas siguientes. También continuó la política de participar en organizaciones internacionales de protección ambiental, señaladamente el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, fundado en el annus mirabilis de 1972) y de firmar convenios técnicos mundiales de lucha contra la contaminación, especialmente marina. ¿Qué habría hecho el régimen del Movimiento enfrentado a un problema mundial del calibre del cambio climático y a su correspondiente y peliagudo tratado planetario, el Protocolo de Kioto?
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1- J. A. Gallego Gredilla: El tema actual del medio ambiente y la política económica. Arbor, nº 316, abril de 1972.
2- Presidencia del Gobierno – Decreto 888/1972, de 13 de abril, por el que se crean la Comisión Delegada del Gobierno para el Medio Ambiente y la Comisión lnterministerial de igual denominación.
3- Fernando Martínez Salcedo: Desarrollo sostenible y administraciones públicas. Colección Mediterráneo Económico, nº 4.: «Mediterráneo y Medio Ambiente». Caja Rural Intermediterránea, Instituto de Estudios Socioeconómicos de Cajamar, 2003.
4- Decreto 3025/1974 sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por los automóviles.
5- Baleares, 13 de mayo de 1975.
6- ABC, 24 de abril de 1970.
7- Luis Cano Muñoz: Coloquio sobre educación ambiental, 40 años después. Boletín Carpeta Informativa del CENEAM, noviembre de 2011.
8- Informe de López Rodó del III Plan al Congreso Sindical. Pueblo, 19 de noviembre de 1971.
9- Blanco y Negro, 1 de abril de 1972.
10- Discurso del ministro de Industria en la apertura de la semana económica internacional, Baleares, 12 de septiembre de 1972.
11- Pueblo, 7 de noviembre de 1972.
12- La Vanguardia, 7 de octubre de 1972.
13- ABC, 25 de noviembre de 1972.
14- ABC, 2 de diciembre de 1972.
15- ABC, 15 de abril de 1975.
16- El Adelantado de Segovia, 21 de diciembre de 1972.
17- Medio Ambiente en España: Informe general. Subsecretaría de Planificación, Presidencia del Gobierno, 1977.
18- Declaraciones del director general de Planificación Social. ABC, 17 de julio de 1975.
19- ABC, 4 de junio de 1975.
Asuntos: Ecología
Tochos: El museo del franquismo
