Fotograma final de una cuña de la campaña contra incendios forestales, 1962-1963. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Primer plano de un revólver. La cámara se aleja y vemos que es un niño el que lo tiene en sus manos. Suena un disparo, se cae un cuadro de la pared y la voz en off dice “Cuidado, es peligroso”. Arrojar descuidadamente cerillas encendidas o colillas sin apagar al monte es tan peligroso como darle a un niño una pistola cargada. Es uno de los tres spots que se pasaron por televisión en 1968, después del considerado como desastroso verano de 1967, con 75.000 hectáreas arrasadas y seis vidas perdidas (1). En 1968 los incendios forestales ya habían alcanzado el nivel de amenaza creciente y potencialmente catastrófica. La respuesta del gobierno fue la tradicional: publicar una ley (2). El texto legal deja claro desde el principio que la culpa de todo es el impresionante crecimiento económico del país. El cual ha producido dos elementos nuevos que han terminado chocando, sigue argumentando el Boletín Oficial del Estado: una repoblación forestal gigantesca y montones de ciudadanos motorizados en busca de solaz y aire puro bajo los árboles.
El caso es que esta «masa ciudadana», que no ha pisado un bosque en su vida (el texto legal dice «todavía no habituada al contacto con la Naturaleza») recorre los montes como el caballo de Atila, encendiendo fuegos donde no debe y arrojando colillas encendidas por doquier (el texto legal es menos explícito, pero eso es lo que quiere decir). La llegada de la masa urbana ignorante y destrozona al monte coincide por desgracia con la despoblación de las zonas rurales (gracias a las crecientes oportunidades de empleo industrial). Así que tenemos un bosque sin sus habitantes indígenas, recogedores de leña y expertos en la extinción de fuegos, y recorrido por turbas ignorantes, que en verano arde como la yesca con solo mirarlo (especialmente los nuevos pinares de repoblación). Haciendo un quiebro ultramoderno, tras considerar como de costumbre el problema de los incendios forestales como una cuestión de orden público (que puede requerir la intervención del Ejército, como ocurre en la actualidad), la Ley establece la verdadera gran solución del problema, aparte de consideraciones legales, penales, técnicas y financieras: «una incansable, profusa y bien orientada propaganda que prepare y eduque al ciudadano en el uso de su derecho a disfrutar de la naturaleza». Otro de los spots que se pasaron ese año por televisión sugiere a uno que arroja descuidadamente una colilla encendida al monte “apáguela antes de que arda en su conciencia”.
Los incendios forestales habían existido siempre, pero ahora eran distintos, más amplios y feroces. En 1973, la extensión quemada en la primera mitad del año dobló la de todo el año anterior. “…esta brutal escalada ha superado cualquier previsión, llegando a límites catastróficos” fue el texto con el que La Vanguardia acompañó una portada sensacionalista, a base de fotos de bosques ardiendo en escenas de tipo infernal (3). El Servicio de Incendios Forestales se había creado en 1956, pero ahora se enfrentaba a una situación nueva, un atisbo de lo que se ha llamado el Piroceno, una faceta del Antropoceno que fija su atención en los crecientes destrozos que causan los incendios en masas forestales cada vez más grandes, peor cuidadas, y más en contacto con actividades humanas.
Carlos Arias Navarro cumplía justo tres años en el cargo de alcalde de Madrid cuando reconoció ante un grupo de periodistas, en febrero de 1968, “Aunque todavía no es necesario salir con mascarillas… la contaminación de la atmósfera de Madrid es grave” (4). Arias Navarro estaba en un interregno de su gran carrera dentro del franquismo, que había comenzado como fiscal a cargo de la represión en Málaga durante la guerra civil, gobernador civil de varias provincias y Director General de Seguridad. De su cargo como jefe de la conocida generalmente como DGS, en la Puerta del Sol, pasó en 1965 a la Casa de la Villa. En 1973 fue nombrado ministro de la Gobernación y ese mismo año, tras el asesinato de Carrero Blanco, presidente del Gobierno, el último que tuvo la dictadura franquista a tiempo completo. Arias Navarro, experto en la represión, se enfrentaba a un problema nuevo, la que se podría llamar subversión ambiental.
La respuesta de la Superioridad a la polución del aire estuvo basada en el principio de autoridad. En septiembre de 1968, el Ministerio de la Gobernación aprobó la ordenanza para combatir la contaminación atmosférica en Madrid. La ordenanza declaraba zonas de protección especial, como los parques y el entorno de hospitales, alentaba la delación de los «excesos de humo» y establecía la instalación en puntos estratégicos de aparatos de medición. Se creaba un equipo técnico con unidades móviles, para patrullar las calles con los aparatos de medición correspondientes. La nueva policía de la contaminación debía parar a los vehículos sospechosos y comprobar si eran o no infractores colocando un medidor en el tubo de escape (5). Los inspectores también vigilarían posibles excesos de humo en las instalaciones de calefacción central, que solo existían en los edificios destinados a la clase media y alta. El resto se tenía que apañar con estufas eléctricas o de butano, o incluso braseros de cisco –menudos de carbón, generalmente vegetal.
Coches, calefacciones e industrias se sumaban para crear escenas urbanas agobiantes. En enero de 1972, la revista Blanco y Negro (6) publicó una escena nocturna tomada a las 12,40 del mediodía en Madrid. Es una vista de la calle de Alcalá, completamente oscurecida por los humos contaminantes. En diciembre de 1974 los conductores debían circular con los faros encendidos de día y de noche y se registró un aumento de las muertes por dolencias respiratorias (7). En la práctica, los inspectores medían el porcentaje de monóxido de carbono en el escape del vehículo. Si superaba el 5%, se consideraba infracción que debía ser corregida en el taller, por lo general afinando el carburador. En los vehículos diésel se medía también la opacidad de los humos, la densidad del hollín enviado a la atmósfera.
Las calefacciones tenían el mismo problema que tuvieron las de Londres cuando el gran smog de 1952. Quemaban combustibles muy bastos, carbones y fueles pesados atiborrados de partículas gruesas y de azufre. Las partículas de hollín manchaban la ropa tendida y los pulmones de los ciudadanos, pero el dióxido de azufre era más insidioso y peligroso. Era un tóxico tal cual, pero además producía microgotas de ácido sulfúrico en cuanto había algo de humedad en el aire. El SO2 era el gran problema de la contaminación del aire en la época.
Pronto quedó claro que la aproximación policial al problema no bastaba. A lo largo de la década de 1970 se consiguieron erradicar los peores combustibles de las calefacciones urbanas, estableciendo niveles máximos estrictos de contenido en azufre, y aquello mejoró algo la situación de la atmósfera de la capital. Hay que tener en cuenta que el listón de la contaminación estaba puesto muy alto: se consideraban “admisibles” niveles que hoy en día serían vistos como irrespirables.
Varios millares de instalaciones de calefacción eran un objetivo asumible, pero los cientos de miles de vehículos fueron (y son) una cuestión mucho más difícil de resolver. Los conductores de un Seat 600 recién comprado con gran esfuerzo, cuando se enteraban de que su vehículo era un artefacto tóxico con ruedas, no quedaban nada contentos y algo de este cabreo se filtró incluso a la controlada prensa del Régimen. “Peligro: drásticas multas. El motor de gasolina, enemigo público nº 1” tituló ABC un reportaje especial que dedicó al asunto (8). En plena motorización acelerada, cualquier ataque al coche en propiedad era inconcebible, y el Régimen esgrimió con precaución sus políticas anticontaminación cuando afectaban al automóvil.
Madrid era el epítome de la contaminación, seguido muy de cerca o rebasado por Barcelona, pero pronto todas las grandes ciudades españolas empezaron a tener que lidiar con el problema. Sevilla descubrió con horror en marzo de 1969 que su nivel de polución aérea era comparable al de Madrid (9). Bilbao era la ciudad más veterana a este respecto, gracias a la densa zona industrial en los márgenes del Nervión, cuya impura atmósfera se extendía hasta la ciudad (10).
El Régimen del Movimiento Nacional, embarcado de lleno en la versión española de la Gran Aceleración (el desarrollismo), se había convertido en una máquina de destrucción ambiental desbocada. La acumulación de los subproductos indeseables de la gran intensificación -basuras, humos, polvos, aguas putrefactas, tóxicos– estaba adquiriendo volúmenes geológicos. El franquismo se había dado de bruces con un elemento inesperado, el Antropoceno.
Aquello pilló por sorpresa a la Superioridad. En 1962, una reunión del Consejo Provincial de Sanidad de Madrid, presidida por el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, consideró satisfactorio el estado sanitario de la provincia –algún brote de parotiditis, sarampión y gripe en descenso– y acordó crear una comisión para estudiar el problema de la contaminación atmosférica, que se veía creciente pero no importante (11). Solo seis años después, el alcalde de la capital ya hablaba de máscaras antigás.
En Barcelona, en la segunda mitad de la década de 1960, la producción de basuras urbanas creció al vertiginoso ritmo de un 10% anual, pero en volumen el aumento fue del 20%. No es de extrañar, si se tiene en cuenta que, en solo tres años (1966-1969) la cantidad de plásticos desechados se multiplicó por cinco (12). Tradicionalmente la eliminación de basuras no costaba mucho a los municipios, pues todo lo que se podía recuperar –como los frascos de vidrio y las latas– se recuperaba, y los restos orgánicos iban directamente a alimentar animales o a abonar los huertos. Este mundo de economía circular antes de que se inventara la economía circular se terminó bruscamente.
Proliferaron millares de vertederos, que humeaban en las afueras de pueblos y ciudades. Algunos eran gigantescos, montañas impenetrables de basura que ni el fuego conseguía reducir, produciendo pestilencia en un radio de kilómetros. Así sucedía en Los Toriles y el antiguo Valdemingómez (Madrid), Archanda (Bilbao) o Garraf (Barcelona). En Archanda la proliferación de basuras chocaba con otro elemento moderno, el aeropuerto de Sondica, que tuvo que cerrar tres veces en 1975 por los humos del basurero. En Los Toriles, al sur de la ciudad de Madrid, las montañas de basura alcanzaban a veces 25 metros de altura. El vertedero ardía y enviaba pestilencia a toda la ciudad, pero además era un espectáculo: en las noches calurosas del verano, se podía ver “una marcada estela roja en el cielo” (13).
En ausencia de depuradoras, los ríos urbanos (y también industriales) competían con los vertederos en dañar la vista y el olfato de los ciudadanos. El Urumea era apodado “La cloaca de España”. En Marcilla o Gallipienzo (Navarra) los naturales del lugar se acercaban al río Aragón con pañuelos contra la nariz, para soportar la pestilencia (14). En el Arlanzón (Burgos), “Los millares de peces muertos han venido a ser otros millares de contadores Geiger, que no han señalado el grado de contaminación tan excesivo a que, desgraciadamente, hemos llegado” (15). En Madrid era peor, el agua del río Manzanares, en diversos tonos entre el gris y el marrón, solía ser invisible bajo espesas capas de espuma, y el hedor se notaba a cientos de metros de la orilla.
Como respuesta, en enero de 1968 se prohibieron los detergentes no biodegradables. El decreto correspondiente (16) reconoce abiertamente que en España más bien falta que sobra agua, y que ya no da abasto para satisfacer una industria y unas poblaciones cada vez más sedientas. El resultado, ríos muertos cubiertos de espuma de colores. El uso de materias primas ilegales para la fabricación de los detergentes prohibidos se perseguía mediante la Ley de Contrabando. Tan notorio era el problema de la contaminación que Waldo de Mier tuvo que dedicar un capítulo entero de su panfleto de propaganda “España, ese esfuerzo”, de 1971 (14) al tema, que termina así: “
“Madrid, ejemplo y símbolo para España entera, lucha por mantener limpias y transparentes sus aguas y su cielo. Como lucha España entera…»
Esto ocurría en el franquismo superior. En los primeros tiempos de la dictadura, hasta el más límpido y fenomenal río truchero tenía todas las que perder ante la instalación aguas arriba de cualquier fabriquita. El Nalón en Asturias era un río de color negro, por los desechos de carbón, y el Urumea y el Oria en Guipúzcoa ya eran ríos quemados por la lejía usada en las papeleras. Más que ríos contaminados, eran ríos sacrificados: “La palabra industria ha llegado a ser “tabú” dentro de las actividades nacionales, y a su magnífico poder todo se sacrifica”, escribe en 1947 Bernardo Cano Sainz-Trapaga, Ingeniero de Montes, en la Revista de Montes (17). Aquí entró una paradoja del franquismo. Los ríos ya estaban envenenados cuando el Régimen llegó al poder, y éste cometió el error de legislar su recuperación, poseído de “fecundo anhelo renovador”.
En realidad todo el asunto de la contaminación se despachaba en pocas líneas en las trece páginas del BOE que ocupaba la Ley de pesca fluvial: resumiendo, se prohibía ensuciar las aguas, a no ser que la riqueza nacional (industrial) se metiera por medio. El resultado final es que la Superioridad autorizaba las más horrendas contaminaciones sin hacer el menor caso, lamentaban los técnicos, a “la vigente ley de Pesca Fluvial, promulgada por nuestro invicto Caudillo en 20 de febrero de 1942” (17). Después de todo, el nuevo régimen totalitario, “un estado fuerte … en el que vivimos” (17) había iniciado un reseteo general del país, así que los problemas crónicos de contaminación, que la Restauración había afrontado con gran dejadez y la dictadura de Primo de Rivera no tuvo tiempo de solucionar, a pesar de estar en su objetivo de una “dictadura sanitaria”, podían ser resueltos al fin, manu militari, por así decir. No ocurrió tal cosa, sino la contraria.
El nuevo punto de vista de la riqueza nacional se puede ver en esta respuesta casi poética de la empresa Celulosas del Queiles a las autoridades sanitarias, como reacción a las quejas vecinales por las aguas pútridas que soltaba la fábrica en Tarazona (Zaragoza), enviada el mismo año en que Bernardo Cano publicaba su lamento por los ríos muertos del norte: “…un río que por su corriente misma habla de su aprovechamiento industrial, no es baldón ni vergüenza de pueblo alguno; piénsese en esas regiones españolas, el Norte, por ejemplo, que se muestran orgullosos de ver sus ríos con el agua coloreada y llena de espumas como salió después de servir a las industrias del país; piénsese en Tolosa, atravesadas por su gran río lleno de colores y espumas industriales; en San Sebastián con su Urumea teñido, ocre, rojo, negro…; y […] estas ciudades y estas regiones son las más limpias de España, las más bellas y cuidadas, sin que esta conceptuación sea rebajada por sus ríos fabriles…” (18).
Las autoridades sanitarias locales contestaron, con cierta sorna: “[Sus] líquidos aunque tiñen de un bonito color ocre, rojo y negro, como dice el recurrente en su escrito, también producen nauseabundos aromas, percibidos por todos los transeúntes y vecinos”. El caso de Celulosas del Queiles mostró la secuencia habitual que iba a regir la consideración de la protección del medio ambiente, en el régimen del Movimiento y mucho después. El argumento de que la contaminación es hermosa se abandonó pronto, pero el de “no es para tanto, al final los ríos (y la naturaleza en general) se autodepuran y limpian por sí mismos” tuvo y sigue teniendo gran éxito.
Tras extenuantes requerimientos arriba y abajo de la cadena de mando (demandantes, alcaldes, autoridades sanitarias, Gobernador civil, etc.), el asunto de extinguía o bien se solucionaba con alguna indemnización o, en el peor de los casos, instalando algún sistema de depuración sencillo y de bajo coste, como una simple balsa de decantación. En 1950 se derogó el Reglamento de actividades incómodas, insalubres y peligrosas, que databa de 1925, un notable esfuerzo de la dictadura de Primo de Rivera por limpiar España. Era la única norma legal que protegía el capital natural del capital industrial y la explicación que se dio es que se había quedado anticuada, había que redactar otra.
En 1961 se publicó el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP para los profesionales del sector), la más importante norma legal anti-contaminación del franquismo y sucesora de la norma primorriverista. Se cambió la palabra “incómodas” por “molestas” y se añadió una nueva categoría, “nocivas”. La ley estableció cuatro tipos de agresiones ambientales: molestas, por ejemplo el polvo de una fábrica entrando en el comedor de una casa; nocivas, que merman la riqueza natural, por ejemplo un vertido de sosa cáustica que destruye un río truchero; insalubres, como las emanaciones pútridas y cargadas de gérmenes de una charca contaminada con vertidos de un matadero; y peligrosas, como un almacén de material explosivo. La Ley se promulgó con la implícita intención de no tener que utilizarla, como el cuarto de baño en una casa burguesa.
En 1961 se inició el despegue industrial a lo grande, con un aumento del grado de contaminación que se puede estimar sin exageración en un 10% anual. En 1969 hubo que aplicar el Reglamento, a raíz de los sucesos de Erandio, junto a Bilbao.
En Erandio, como en el caso de las aguas limpias vs. producción industrial, dos elementos chocaron, y perdió el aire limpio ante el orden público. Todo empezó el 29 de octubre de 1969, cuando «…a última hora de la tarde […], una gran masa de gases procedentes de escapes en las industrias vecinas comenzó a invadir el barrio de Erandio. Hubo momentos en que la atmósfera se hizo prácticamente irrespirable y apenas se veía a unos metros de distancia» (19). Cientos de vecinos, literalmente asfixiados, se echaron a la calle en protesta y la policía disparó. Hubo dos muertos y varios heridos, el día 29 y el siguiente. La nota de la alcaldía de Bilbao, el primer día, criticó la actuación del vecindario de Erandio al alterar el orden público, medio ambiente sagrado durante el franquismo, «que es patrimonio de todos los ciudadanos y que las autoridades competentes tienen la obligación de imponer y mantener».
Se aplicó el Reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas y se ordenó la paralización de dos industrias, Remetal e Indumetal. Las dos contratacaron alegando que no vertían gases nocivos, «sino solamente humo» y anunciando una querella contra la alcaldesa, Pilar Careaga (20). También alegaron, sin faltar a la verdad, que en España “no existen normas legales sobre la polución atmosférica”, y anunciaron su intención de seguir las normas soviéticas sobre contaminación (!), que tenían fama en la época de ser las más severas del mundo. Por fin se aplicó otra Ley, esta vez de tipo territorial, la de 1956, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: se suspendieron los permisos para construcción de edificios industriales en la zona de Erandio y Valle de Asúa, durante un año. Remetal alegó que llevaba diez años funcionando en terrenos «declarados de «industria libre» (20).
El RAMINP resultaba tan flojo para sancionar graves daños que en 1973 el Gobernador de Huelva consultó con la Comisión Central de Saneamiento (creada en 1963 como órgano nacional de sanidad ambiental) la posibilidad de aplicar la Ley de Orden Público a Fertilizantes Iberia, para sancionar vertidos de ácido sulfúrico y otros. La Ley de Orden Público permitía imponer multazos tremendos a los infractores de este elemento sagrado del franquismo, mientras que las multitas del RAMINP resultaban bastante ridículas para una empresa del tamaño de Fertiberia (21).
La industrialización acelerada de la década de 1960 convocó la aparición de nuevos peligros. Los grandes enemigos tradicionales de la salud pública, las enfermedades contagiosas, asociadas a la suciedad y el hacinamiento, llevaban décadas de retroceso. Entre 1930 y 1970, la probabilidad de dejar este mundo por causa de una enfermedad infecciosa se dividió por cuatro. La tuberculosis estaba casi erradicada en 1970, con menos de un 1,5% del total de muertes achacables, cuando había sido un problema tan importante en décadas anteriores. Como estaba específicamente asociada a la pobreza urbana, era una buena noticia, aunque la situación no era tan buena en Andalucía Occidental (Huelva, Sevilla y Cádiz).
Otras noticias no eran tan buenas. Las enfermedades del corazón habían pasado de suponer el 17% de las muertes en 1956 a más del 22% en 1970; entre 1930 y 1970 la probabilidad de morir por fallo cardíaco se duplicó de largo. El endurecimiento de las arterias iba en paralelo al aumento de la importancia del cáncer. La mortalidad por esta causa ni siquiera estaba entre las 10 primeras causas de muerte en 1900, pero en 1970 ya ocupaba uno de los primeros lugares, con más del 16% de los fallecimientos: en sólo 28 años (1941-1969) la mortalidad por cáncer había crecido un 222%. Los tumores malignos y las enfermedades cardiovasculares tienen la propiedad de crecer a la par de la industrialización, la contaminación y, paradójicamente, de la esperanza de vida.
Había nuevos espíritus malignos en el aire, las aguas y los alimentos. En 1972 se dio la alerta sobre la aparición de gérmenes resistentes a los antibióticos (por ejemplo, el viejo conocido E. coli transformado en un nuevo y peligroso microorganismo), por el abuso de estas sustancias en la ganadería intensiva que se organizaba por todo el país (22).
Los accidentes podían revelar la afluencia de tóxicos al país. En octubre de 1970 el carguero Erkowit naufragó y fue varado en la costa de Oleiros (A Coruña). Llevaba diez toneladas de una variante del Dieldrin (23), un pesticida muy tóxico que arrasó la vida marina de la zona durante mucho tiempo. Pero las nuevas moléculas peligrosas ya estaban en todas partes. Hacia 1975, la ingestión media diaria de plaguicidas de una persona en España ya era considerable, en 78,4 microgramos pd de DDT y 13,8 mgpd de Lindano (24).
El 5 de junio de 1977, en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, se reunió un grupo de gente de aspecto sospechoso. Era una manifestación ecologista convocada por el Comité Antinuclear de Cataluña, que fue disuelta sin contemplaciones (25). Sus portavoces se quejaron de que se permitiera la libre expresión de los partidos políticos en las calles de Barcelona, mientras que las reivindicaciones por un medio ambiente sano eran recibidas a palos. Ese mismo día, en la Feria Internacional de Barcelona se presentó –con gente mejor trajeada– el Informe general sobre el Medio Ambiente en España.
Las dos noticias salieron en periódicos repletos de propaganda electoral: las elecciones generales, las primeras desde febrero de 1936, se celebraban diez días después. El 5 de junio era y es una fecha importante del santoral ecologista, el Día Mundial del Medio Ambiente. Conmemora la apertura de la Conferencia de Estocolmo en 1972.
El Informe general presentado era un tocho descomunal, 1.037 páginas de gran formato con mapas, tablas y gráficos. Nueve semanas después de la disolución oficial del Movimiento Nacional, el mamotreto mostraba la otra cara de la gran transformación del país que se había desarrollado en los casi cuarenta años de vigencia del Régimen. En lugar de pulcros regadíos, ordenadas repoblaciones forestales y nuevos barrios ajardinados, ríos pútridos circulando entre montañas de basura plástica, bajo un cielo espeso de contaminación sulfúrica.
Se puede estimar con fundamento que el total de sustancias contaminantes vertidas a la atmósfera, las aguas y el suelo suponía aproximadamente una tonelada por habitante al año, hacia 1975. La misma cifra, en 1940, no debía ser muy superior a un quintal, cien kilos. El régimen del Movimiento Nacional había conseguido multiplicar por diez la tasa nacional de contaminación per cápita. La España urbana e industrial de 1977 debía caminar hacia la democracia, y también hacia la descontaminación.
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1- Campaña de prevención de incendios forestales. Año 1968. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Biodiversidad y Bosques > Temas > Incendios forestales (www.miteco.gob.es).
2- Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales.
3- La Vanguardia, 26 de agosto de 1973.
4- ABC, 1 de marzo de 1968.
5- La Vanguardia, 4 de septiembre de 1968.
6- Blanco y Negro, 29 de enero de 1972
7- ABC 17 de julio de 1975.
8- Mundomóvil, páginas del motor. ABC, 15 de octubre de 1968.
9- La Vanguardia, 22 de marzo de 1969.
10- En la V Reunión de Sanitarios Españoles. ABC, 22 de abril de 1959.
11- ABC, 22 de febrero de 1962.
12- Gregorio Ras Oliva: Eliminación de las basuras urbanas. Influencia de los factores locales y de la composición de aquéllas. Revista de Estudios de la Vida Local, nº 163, 1969.
13- Alicia Díez de Baldeón: el Siglo XX. En Historia de Villaverde, Ayuntamiento de Madrid, 1986.
14- Waldo de Mier, España, ese esfuerzo, Editora Nacional, 1971.
15- «La masacre del Arlanzón», una gran mortandad de peces el 16 de octubre de 1970- Hoja del Lunes (Burgos), 26 de octubre de 1970.
16- Presidencia del Gobierno. Decreto 93/1968, de 18 de enero, sobre prohibición del uso de detergentes nO-biodegradables.
17- Bernardo Cano Sainz-Trapaga: El Servicio Nacional de Pesca Fluvial y las industrias. Revista de Montes, 1947.
18- Respuesta del Gerente de Celulosas del Queiles, 26 de mayo de 1947. Pablo Corral-Broto. ¿Una sociedad ambiental? : historia de los conflictos ambientales bajo la dictadura franquista en Aragón (1939-1979). History. Ecole des hautes étude en sciences sociales, Universidad de Granada, 2014.
19- La Vanguardia, 30 de octubre de 1969.
20- La Vanguardia, 1 de noviembre de 1969.
21- Pablo Corral-Broto: “Historia de la corrupción ambiental en España, 1939-1979. ¿Franquismo o industrialización?”, Hispania Nova, 16, págs. 646-684, 2018.
22- David Bayón, en La Voz de Galicia: «Otro riesgo inminente de catástrofe biológica. El abuso de antibióticos en ganadería». La Mesta, 21 de septiembre de 1972.
23- Octavio Aparicio: La sanidad ambiental. Diario de Ávila, 10 de julio de 1972.
24- A. Ortuño Martínez y A. Alonso-Allende Yohn: Influencia de los plaguicidas en la industrialización agraria. Publicaciones de la Universidad de Murcia- . Papeles del Departamento de Geografía-nº 7 – Año 1976-77 – 1979.
25- Hoja del Lunes, edición Barcelona, 6 de junio de 1977.
Asuntos: Antropoceno
