El gran ramal de emigración a Barcelona. En Antonio M. Higueras Arnal: La emigración interior en España. Ediciones mundo del trabajo, SL, Madrid, 1967.
El 25 de mayo de 1940, víspera del comienzo de la evacuación de Dunkerque, el Gobierno Civil de Zamora convocó a todas las personas de la provincia que hubieran cambiado de domicilio después del 18 de julio de 1936. Antes de OCHO días (mayúsculas enfáticas), debían presentarse en la Comisaría o Ayuntamiento más próximo y demostrar, mediante avales y documentos, buena conducta y medios para vivir. En caso de no hacerlo, serían multados y deportados inmediatamente al lugar de residencia que tenían el 18 de julio de 1936. La circular se publicó en la sección de informaciones oficiales del periódico provincial y compartió página con avisos de Correos, anuncios, el resumen del Registro Civil e incluso una petición de mano. Pero, apenas un año después del final de la guerra civil, y con un ritmo de decenas de fusilamientos diarios, era una información que había que tomar en serio. (1)
El Gobierno civil de Zamora se limitaba a transmitir la circular correspondiente del Ministerio de la Gobernación. Las de este tipo, de control de movimientos de la población después del 18 de julio de 1936, comenzaron en septiembre de 1939. Hubo varias; la de noviembre de 1941 ordenaba impedir los desplazamientos de hombres y mujeres hechos «por espíritu de aventura y aún para sustraerse la actuación de las Autoridades de su domicilio, que les vigilan como indeseables» (2).
Las sucesivas circulares del Ministerio de la Gobernación (3) expusieron el problema. En sustancia, crecidas masas de personas afluían a las ciudades populosas e industriales, muchos sin expectativas de trabajo ni de vivienda. El descontrol era doble, pues se libraban de la vigilancia de las autoridades en su pueblo, y creaban graves inconvenientes en las ciudades de destino, no solo de abastecimiento, sino de delincuencia. En realidad, según las Circulares, muchas de estas personas eran delincuentes per se, que aprovechaban la confusión creada por la guerra para huir de las autoridades.
Recién terminada la guerra, el Gobierno nacional se encontró pues con una dificultad imprevista: la población no cesaba de moverse. El Régimen, embarcado en el gran reseteo del país, planteó por lo tanto una Gran Congelación de los 24 millones de habitantes de España. La idea general era regresar a la situación de 18 de julio de 1936, antes de los grandes trastoques de población creados por la guerra y la inmediata posguerra. Un prolijo y complejo sistema de barreras a la movilidad debía ayudar a este objetivo: el sistema de salvoconductos, las cartillas de racionamiento, informes de ayuntamientos y de la policía, redadas en estaciones de ferrocarril y autobuses, etc. Hay que tener en cuenta que toda la población estaba en pleno proceso de clasificación y filtrado bajo el criterio de su comportamiento en relación con el Glorioso Movimiento Nacional, como dice la definición oficial.
Este esfuerzo por fijar a la población no funcionó. Pedro Muguruza, Director General de Arquitectura, proporcionó el dato de crecimiento de la población entre 1938 y 1944 en Vallecas: de 19.000 habitantes a más de 60.000. Vallecas era una de las grandes zonas que serían marcadas como suburbio en los mapas del Gran Madrid (4). En fecha tan temprana como 1943 Jesús Iribas, ingeniero y urbanista, se pasma ante el crecimiento de la ciudad: «»…de seguir aumentando con el ritmo actual, habrá que pensar, para un futuro próximo, en un Madrid de cinco millones de habitantes, Y se pregunta uno: ¿Pero es que ésto puede ser?» (5).
El Régimen reaccionó con espanto y horror al fenómeno; era lo último que necesitaba, amontonamientos urbanos crecientes, precarios y en riesgo de descontento. Las órdenes, decretos y circulares intentaron parar la emigración en origen pero también en destino, cada ciudad con su estilo propio.
Barcelona tenía mucha experiencia en intentos de deportación de inmigrantes considerados indeseables, como los terribles murcianos que llegaron en tiempos de la Exposición Universal de 1929. Deportar a los inmigrantes era casi una tradición en la ciudad. En los dos años que van desde enero de 1939 a enero de 1941, el Servicio de Repatriación del ayuntamiento de Barcelona envió a 17.904 personas a sus provincias de origen, una fracción del mayor número que regresaron por cuenta del Servicio de Evacuación del Estado (6).
El ayuntamiento disolvió los Refugios de Guerra que habían acogido a tanta gente con el argumento algo sardónico de que «[ahora], gracias a nuestro invicto Caudillo, cada cual podía y debía restituirse a su hogar y al lugar de su vecindad». Se dieron instrucciones para vigilar las estaciones de ferrocarril, detener a los «indigentes» que llegaban a Barcelona, encerrarlos en algún pabellón de la Exposición Universal y devolverlos a su lugares de origen (7).
En poco más de un año (agosto de 1945 a octubre de 1946) se repatriaron 52.830 inmigrantes de la provincia de Barcelona, o al menos eso indica el número de billetes de ferrocarril que pagaron las autoridades con este fin. La cifra es un considerable porcentaje de la inmigración llevada a cabo en esos años, e indica una política implacable de frenar la inmigración a Barcelona, en tiempos del Gobernador civil Bartolomé Barba (7).
En 1949 se creó el Servicio de Erradicación del Barraquismo. Las chabolas consideradas ilegales podían ser derribadas y sus ocupantes, tras ser concentrados en el Palacio de Misiones de Montjuïc, deportados a sus lugares de origen.
En febrero de 1950, el gobernador civil de Barcelona expuso su criterio a la prensa: el problema de las barracas presentaba muchas analogías con el de la mendicidad. Se imponía «como medida de salubridad pública» distinguir entre justos y pecadores: «ciudadanos dignos en su condición humildísima y trabajadora y los que usan y abusan del problema como negocio ilícito e inmoral o caen dentro del profesionalismo delincuente”. Siguiendo este criterio, añadió, han sido derruidas 3.500 barracas (8).
Una opinión común consideraba a los inmigrantes como aliens, cuerpos extraños difíciles de asimilar, y utilizaba palabras propias del control de epidemias para definirlos. Un artículo publicado en 1951 y titulado significativamente «Cuidado con la inmigración» es un ejemplo. Su autor, Francisco Vidal Burdils, alto funcionario de Fuerzas Eléctricas de Cataluña, habla de la «población inmigrada parasitaria» en Barcelona, 105.000 personas o el 16,44% sobre el total de los inmigrados. Otro dato escalofriante: según el doctor Ignacio M. Aragó, en las barracas de Somorrostro (Barcelona), una de cada dos personas estaba contagiada de tracoma.
Esta poderosa corriente de opinión, alineada con la política oficial del Régimen, mostraba a las masas inmigrantes como de muy inferior calidad humana, y a la inmigración como un pavoroso problema de orden público, una de las principales obsesiones del franquismo. En sus primeras décadas, todo lo relacionado con la emigración era responsabilidad exclusiva de Gobernación.
Vidal Burdils alerta de lo que puede pasar en Mallorca, todavía poco afectada por el problema de la inmigración. Felizmente su control era más fácil que en Barcelona, «por sus mismas características insulares y de fácil control de desembarque». Pero, en una versión temprana del Gran Reemplazo, si no se frena la inmigración, el resultado será «Un censo mucho mayor de habitantes, pero… sin mallorquines». (9)
En 1953 se informó de 3.000 personas devueltas ese año desde Barcelona a sus lugares de origen; 400 procedían de Granada. Los granadinos deportados, gente sin arraigo, se habían dejado deslumbrar por la gran ciudad, algo que no les pasaba a los sólidos y firmemente asentados en la tierra payeses catalanes, alega el autor del reportaje, Antonio Álvarez-Solís, que tendría una larguísima carrera periodística. (10). Con el tiempo, el catalanismo produjo mucha literatura sobre las diferencias antropológicas esenciales entre las gentes del sur y las de Cataluña.
Mientras la capital de Cataluña actuaba contra la inmigración, en la capital de España se marcaban en rojo, sobre el mapa del Plan General de Ordenación de Madrid de 1948, las cinco zonas oficiales de suburbios, cada una del tamaño de un distrito, formando un anillo que rodeaba la ciudad. Empezando por el norte y en el sentido de las agujas del reloj, Tetuán, Ventas, Vallecas, Usera y Extremadura. Allí vivían unas 400.000 personas, según datos oficiales, cuando se publicó el mapa, en el número uno de la revista Gran Madrid. Un número no pequeño de ellas se dedicaba a la busca en las basuras, lo que se llamaría mucho después reciclaje y valorización de los residuos sólidos urbanos, en condiciones muy diferentes y muy penosas.
El texto que acompaña al mapa es cualquier cosa menos optimista, asigna a la solución del problema (en terminología oficial, «la redención total de los suburbios») una duración de entre de veinte a treinta años, suponiendo que no fuera a más, es decir que no creciera la inmigración. A falta de buenas viviendas, escuelas, alcantarillado, transporte o electricidad, lo que viene a ser el problema urbanístico y social, se confiaba en que el problema espiritual se resolvía bien gracias a las (supuestamente muchas) parroquias suburbanas que creaba la iglesia. (11)
La Iglesia Católica estaba acostumbrada a extender sus tupidas redes de control de las costumbres por todo el país (mucho más en el norte que en el sur) a razón de un párroco por cada 500 personas, y a mediados de la década de los cincuenta la estadística eclesiástica reveló la existencia de parroquias en los suburbios de Madrid y Barcelona con decenas de miles de almas que salvar. La actitud de los suburbiales ante los curas solía ser hosca, lo que no es extrañar si se tiene en cuenta que, especialmente entre los llegados del Sur, “apenas el diez por ciento sabe las verdades más rudimentarias de nuestra fe” y que el ambiente espiritual de estas gentes se calificaba como de “paganismo práctico”, con los sacramentos, como el bautismo, en categoría de superstición y el matrimonio canónico aceptado única y exclusivamente porque era obligatorio para cobrar el Subsidio. Muchos párrocos, completamente desbordados, veían en ellos la degeneración, “como si su miseria económica les hubiera reducido a la mínima condición de hombres (12) ”.
El tipo humano suburbial era peligroso por su origen y por sus circunstancias vitales. Se le llamó xarnego en Cataluña, maqueto en el País Vasco y al parecer en Madrid –de uso muy limitado– abisinios y coreanos. Autores de la época describen los suburbios como si fueran una plaga: “el marasmo total” , los focos de “infección social”, etc. Como cualquiera puede imaginar, el impacto sobre la siempre débil y amenazada cultura local debía ser impresionante. En 1958, Sabadell tenía un 30% de población no-catalana, y L’Hospitalet alcanzaba la increíble cifra del 48%.
Sociólogos, urbanistas y planificadores cayeron como plaga de langosta sobre los suburbios. Allí tenían un modo de vida primitivo a unas pocas estaciones de metro del centro de la ciudad. El Régimen del Movimiento permitía experimentos sociales chocantes en un país donde la mitad de los procuradores en Cortes asistían a las sesiones vestidos con un inmaculado uniforme blanco. A mediados de los años 50, en el Pozo del Tío Raimundo (Madrid) por iniciativa del P. Llanos, se celebraron “elecciones populares” para la constitución de un gobierno democrático de la barriada. Pocos años después, en 1968, el gobierno volvió a sorprender autorizando elecciones libres en Guinea Ecuatorial, cuando en España el Movimiento Nacional seguía siendo el único canal político permitido. En esta línea, un autor califica algunas medidas para lograr el apaciguamiento de los suburbios como “ofrecimiento de abalorios» (12) ”.
El anillo de suburbios habitados por aliens que rodeaba la capital implicaba otro problema, y no pequeño: era lo primero que iban a ver los que llegaban a Madrid, antes de acceder al centro de la ciudad. No había más imaginar bajar del avión en el ultramoderno aeropuerto de Barajas –en 1948 en construcción– y entrar en la capital «por un aduar en día de zoco, donde no faltan ni los chiquillos desnudos, ni los carros de basura, amén de tranvías de museo de antigüedades, casas destartaladas, sucias y feas, etc.» (13) Esta fea perspectiva se resolvió en Madrid en 1959, con la construcción de una de las primeras autopistas urbanas de España, el Nudo Eisenhower, que unía el aeropuerto con la capital de manera moderna y elegante, sin permitir la visión de la miseria.
En agosto de 1953 se publicó un decreto con el objeto de «embellecer la entrada de algunas poblaciones, así como los aledaños de carreteras de tránsito turístico» (carreteras de gran tránsito turístico, dice concretamente la norma legal, que en 1953 no existían). El embellecimiento consistía en derribar cuevas, chabolas y barracas demasiado a la vista (14). Era parte del gran maquillaje turístico del país, como el amansamiento de las fiestas populares.
En junio de 1956 ABC publicó una entrevista con el primer teniente de alcalde de Madrid (José María Soler y Díaz-Guijarro). Al llegar al punto candente del problema de la vivienda, el munícipe planteó como una gran solución impedir la inmigración y deportar a los llegados sin posibles. (15). Aquello entraba en el espíritu de la época, pero el caso es que el mismo periódico, unos días después, publicó una contundente e insólita respuesta a sus declaraciones. La crítica estaba basada en el Fuero de los Españoles, cuyo artículo 4 rezaba «Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional» y en el tradicional espíritu acogedor de la ciudad; bastaba echar un trago en la fuente de Cabestreros para sentar plaza de madrileño. La respuesta de ABC llamó a la atención y se re-publicó en varios periódicos. Además de una representación de la corriente buenista con la inmigración, que también existía, el episodio muestra que los vientos estaban cambiando. La inmigración debía ser oficialmente frenada, pero empezaba a mostrar elementos positivos.
En 1956 se estimaba el número de chabolas en Madrid en 50.000, la sexta parte de todo el espacio residencial construido. El año siguiente se creó el Servicio Especial de Vigilancia del Extrarradio, una unidad de la Guardia Civil. Algunos años después se trabajó en la elaboración de un censo de infraviviendas, del que formaba parte fundamental una fotografía de todos los moradores de la chabola o cueva en la puerta de su vivienda, sujetando una pizarra con un código alfanumérico. Las fotos muestran mujeres y niños, porque los hombres estaban fuera, trabajando. En diez años, entre 1950 y 1960, la población de Madrid se acreció en 623.000 personas (16).
Había otra consecuencia negativa de los suburbios: suponían el irremediable triunfo del malthusianismo. Parecían hechos ex-profeso para que la gente limitara el número de nacimientos: espacio reducido en las habitaciones (en las chabolas, pero también en los pisos diminutos que las sustituían), mujeres trabajadoras, largas distancias urbanas con un sistema de transporte urbano al borde del colapso, un medio ambiente hostil en la calle y abundancia de trabajos eventuales. El espacio vital de las familias no se medía ya en hectáreas de tierra cultivable, sino en los pocos metros cuadrados de su vivienda. El director de Barriada y Vida, padre Jesús Vazquez, se lamenta al respecto: “muchas de las viviendas actuales, aun de planes nacionales, son maltusianas… existe dificultad para para el desarrollo de la familia numerosa”. (17). El objetivo natalista del Régimen se salvó gracias al repunte de la generación boomer.
A mediados de los años 50 había en Madrid al menos treinta núcleos de suburbios (18), con una extensión total de 213 km2 (la superficie del municipio era de 516 km2), poblados por algo más de medio millón de habitantes, que habitaban unos 20.000 supuestos edificios con un total de 78.000 viviendas, “sin incluir las personas que habitan en chabolas, cuevas y ruinas (12)”. La guerra había destruído muchas viviendas en los suburbios tradicionales de Madrid. Muchas familias siguieron viviendo entre las ruinas en Carabanchel, Puerta del Ángel o la Bombilla, en los nichos del cementerio del Oeste y en las cuevas de La Elipa. Las chabolas se construían por lo general de ladrillo, superpuestos “no por la parte más ancha” (12) y solían tener de 15 a 24 metros cuadrados, que solían equivaler a dos o tres metros cuadrados por persona, bien lejos de los estándares de la OMS de espacio habitable por persona.
Hacia 2020 comenzaron excavaciones arqueológicas en chabolas de Entrevías (Puente de Vallecas) (19) que mostraron muy poco espacio habitable y muy pocas posesiones, pero un afán de llevar una vida «normal» aun con tan graves limitaciones. Francisco Candel describe así una chabola en Barcelona:
En este cuchitril, y en estos escasos metros cuadrados donde es imposible pasear y menos aún dar zancadas, habitan ocho personas: un matrimonio y seis hijos. Me he acordado siempre, constantemente, como una pesadilla, del diminuto trozo de espejo, empotrado en la pared de barro, donde deben mirarse por partes, ahora un ojo, luego el otro, la boca después, los ocho, aguardando con paciencia cada cual su turno para despedazarse en él, en aquella ventanita de azogue que es símbolo de lo poco que puede llegar a poseer una familia (20).
Al Régimen del Movimiento no le gustó nada aquello. Los feroces habitantes de los suburbios, en la mitología de las derechas, eran peligrosos y completamente ajenos y contrarios a la idea de transformación de España que tenía la dictadura. En la Semana social católica dedicada a la inmigración de 1958 se pusieron estupendos al describirlos así: “Estos núcleos humanos, desvinculados de toda relación social, incapacitados para toda ascensión social colectiva, constituyen zonas anárquicas, que representan un auténtico y constante peligro para la estabilidad de los pueblos” (21). Eran lo contrario en términos de calidad humana de los aldeanos fijados a la tierra, a ser posible de regadío, habitando en anchos y limpios pueblos de colonización. Era el mismo pánico que se había tenido en Jerez, en 1892, cuando la ciudad fue tomada por una turba de jornaleros hambrientos. Y no había que irse tan atrás: bastaba recordar el suburbio de la Torrasa, “que tanta influencia tuvo en los sucesos de julio de 1936” (21), es decir, en el fracaso de la sublevación militar en Barcelona.
El Régimen continuó legislando contra la emigración a las ciudades, a partir de las primeras circulares de Gobernación de los años inmediatos a la guerra. Un Decreto de agosto de 1957, “normas a fin de evitar los asentamientos clandestinos en Madrid” (22) resumió las disposiciones anteriores y estableció una plan de defensa en profundidad para «evitar el crecimiento del mal», el clásico símil médico de la inimigración. Las barreras múltiples incluyen un trámite imposible. El futuro emigrante debía notificar al alcalde de su localidad que tenía una vivienda en Madrid. El alcalde se lo notificaba al Gobernador civil. El Gobernador civil de la provincia X se lo notificaba al Gobernador civil de Madrid. Este comprobaba fehacientemente que la vivienda notificada existía y estaba lista para ser habitada. La información corría entonces en sentido descendente hasta que el alcalde de Z deba luz verde al futuro migrante.
Otra barrera consistía en prohibir la contratación de ningún trabajador (productor en terminología oficial) a partir del 21 de septiembre de 1957 (fecha de publicación del decreto) que no tuviera en el bolsillo la prueba documental de que ya vivía en Madrid antes de esa fecha. En tercer lugar, la Autoridad quedaba autorizada para derribar las «cuevas, chabolas, barracas y construcciones similares» y expropiar el terreno ocupado por ellas. Por último, el servicio de Vigilancia del Extrarradio debía deportar a los habitantes de las chabolas derribadas a sus lugares de origen. Con esta cuarta medida se llegaba al punto inicial: un aspirante a emigrante fijado de nuevo en su pueblo, el objetivo principal de la política anti-inmigratoria. El decreto lo firmó el dictador en San Sebastián, donde pasaba parte de sus vacaciones en el palacio de Ayete, con vistas a la Concha.
El decreto de agosto de 1957 muestra que la Superioridad estaba desconcertada por la avalancha o alud migratorio, que estaba acelerando visiblemente a lo largo de la década de 1950. El previsto y ordenado trasvase del campo a la ciudad parecía que se transformaba en riada, lo que generó reacciones defensivas legales de tipo draconiano, pero también un abrupto cambio de rumbo de la política anti-emigración: convertir chabolistas en propietarios de pequeñas soluciones habitacionales verticales. El asunto de la migración en masa pasó de las manos del ministerio de la Gobernación al nuevo Ministerio de la Vivienda.
Unas semanas después del decreto anti-asentamientos clandestinos, breve y abrupto, apareció la importante Ley del Plan de Urgencia Social (PUS, esta sigla no se usaba por razones evidentes) de Madrid, un documento más extenso y mejor trabado. En esencia, aceptaba el fenómeno de la inmigración masiva a la ciudad y la encauzaba y neutralizaba en un sistema de cinturones verdes y ciudades satélites. Se trataba de pasar de la anarquía (palabra maldita para el Régimen del 18 de julio) de los suburbios demasiado próximos a la ciudad, a la que rodeaban en un anillo como si la tuvieran sitiada, al orden urbanístico, núcleos habitados bien controlados y delimitados, a conveniente distancia de la ciudad central. Literalmente, «asfixiar en un cinturón verde la formación de suburbios infrahumanos. El futuro expansivo de Madrid debe estar en sus ciudades satélites y no en la prolongación- indefinida de su casco urbano» (23) .
El PUS, en apariencia, seguía la política habitual de parar los pies a la emigración. El epígrafe «De las edificaciones clandestinas» estaba dedicado a la destrucción de chabolas y la deportación de sus habitantes. Pero tenía otro apartado muy diferente, dedicado a la construcción.
El Plan de Urgencia Social de Madrid de 1957 establecía la construcción urgente de unas 60.000 viviendas. La idea ya no era destruir chabolas y deportar a los inmigrantes, sino más bien realojarlos en bloques de pisos. La confluencia fue cósmica: la nueva Ley del Suelo de 1956 (urbanizar todo lo urbanizable), el nuevo Ministerio de la Vivienda de 1957 (que reunió todas las dispersas competencias del asunto habitacional y urbanístico), la nueva política de construir pisos pequeños y estandarizados en edificios de construcción rápida y barata, que en grandes cantidades dejaban sustanciosos beneficios a los promotores y financiadores y, no en último término, una creciente abundancia de petróleo, maquinaria y materiales. Por ejemplo, el decreto de 1941, que restringía el uso de hierro en edificios, ya no tenía sentido en 1957, y se derogó en 1960.
Construir tantas viviendas motivaba profundas reflexiones del legislador sobre el efecto llamada que supondría la generosidad del gobierno: existía el riesgo de que la construcción masiva de viviendas se convirtiera en “una nueva llamada a la inmigración campesina”. Recordando que el infierno está empedrado de buenas intenciones, el legislador se pregunta si no se encontraría a la vuelta de unos pocos años “con la sorpresa de haber traído con nuestra generosidad nuevas dimensiones financieras y sociales al problema” (23).
El recién nombrado ministro de la Vivienda, José Luis Arrese, en declaraciones a la prensa (24), lamentaba la epidemia de “nomadismo” que afectaba al país, que le obligaba a construir viviendas urbanas cuando su voluntad habría sido erigir casitas para labradores: “La mayoría de los que vienen atraídos por el brillo de la ciudad acaban viviendo en el suburbio y sumiéndose en la desesperación y el odio. Cada casa que se construye en la ciudad es una nueva tentación que se pone al campesino. Por el contrario, cada nuevo hogar rural es una familia que se afianza en el agro”. Era el eco de la vieja idea falangista de un campo densamente poblado tachonado de ciudades de tamaño manejable, que a la altura de 1957 era evidente que ya no podía ser, aunque se lanzó un Plan de Descongestión de Madrid para animar el crecimiento de ciudades como Talavera de la Reina, Aranda de Duero, Guadalajara, etc, en detrimento de la capital.
A esta corriente de pensamiento de “contener el aluvión de proletarios del campo a la gran ciudad” responden los Planes de Badajoz y de Jaén, decretados en 1952 y 1953 respectivamente. A mediados de los años 40, contradiciendo de manera flagrante los objetivos poblacionales del Régimen, los economistas ya habían empezado a sospechar que en amplias zonas de Andalucía y Extremadura, en concreto en Jaén y Badajoz, sobraba gente: “Ocurre, sencillamente, que la población agrícola es superior a la que las necesidades de los respectivos cultivos exige. Debido a ello, gran parte de la misma se encuentra en situación de paro permanente (25)” . El caso es que las provincias andaluzas y extremeñas habían aumentado su población a gran velocidad en las primeras décadas del siglo XX: Jaén en un 79% desde 1900 hasta 1948, por ejemplo.
Para un obrero agrícola andaluz o extremeño, emigrar tenía evidentes ventajas: cobrar un jornal fijo día tras día e incluso año tras año, lloviera o hiciera sol, hiciera frío o hiciera calor. La ciudad aparecía como un lugar donde el clima dejaba de gobernar la vida de las personas: las heladas de 1956 propiciaron la emigración a Barcelona de gran número de campesinos de las provincias de Tarragona y Lérida. Cobrar un salario regular, sumergirse en el complejo ecosistema industrial y de servicios de Vizcaya, Barcelona y Madrid, era un gancho irresistible para tantas personas que vivían al día, yendo a la plaza a buscar trabajo en la agricultura comercial de plantación propia de Extremadura y Andalucía.
Las redes sociales, en este caso el correo postal, hacían su papel. Lo primero que hacía un inmigrante recién llegado a Barcelona, en cuanto había ganado unas pesetas, era comprarse un reloj y una gabardina e irse a la Plaza de Cataluña a sacarse una fotografía de exhibición, que enviaba acto seguido a su pueblo. Escenas parecidas ocurrían en Madrid o Bilbao.
Pero las motivaciones de la migración eran muchas. Una familia de clase media-media en una pequeña ciudad de provincias podía considerar necesario mudarse a la gran ciudad como única manera de asumir el coste de una buena educación para sus hijos.
Otro factor importante es menos evidente, el fenómeno stadtluft macht frei: la ciudad ofrecía protección contra la persecución y un bendito anonimato. Eso parece que funcionó en la década de 1940, cuando tanta gente se trasladó a Madrid cuando la ciudad no tenía nada que ofrecer, salvo miseria.
A la vuelta de la década de 1960, el discurso de freno a la emigración agraria seguía siendo el oficial, pero carecía ya completamente de convicción. La emigración era funcional, encajaba en la progresiva petrolización del país y en el desarrollo industrial. Los suburbios no se sublevaban. Sus pobladores trabajaban e intentaban mejorar sus míseras condiciones de vida. Faltaban pocos años para que Laureano López Rodó, el ministro comisario del Plan de Desarrollo, mostrase al público por TV gráficos indicadores del impresionante y muy positivo trasvase de población del agro a la industria. En los años 60 los periódicos informaban de la gran migración como el que da el parte meteorológico. En mayo de 1965, Diario de Burgos informaba a sus lectores: «Sigue con la misma intensidad la inmigración en Madrid. 4.527 nuevos inmigrados en el mes de marzo» (26).
La vieja idea de frenar a la inmigración seguía expresándose de manera oficial, aunque con cada vez menos convicción. Todavía en 1965 Emilio Larrodera, Director Técnico de la Comisión del Área Metropolitana de Madrid planteaba la necesaria reducción a menos de la mitad el crecimiento anual migratorio, restando unas 26.000 personas anuales al crecimiento de Madrid. Pero ya no se hablaba de deportaciones, sino de manera más vaga de orientar su migración hacia otros lugares, es decir activar las zonas de descongestión de Madrid, o bien simplemente «fijar la población en sus puntos de partida» (27).
Los viejos discursos antiinmigración seguían sonando, tocando todos los tópicos que sería tan familiares a la altura de 2025: choque cultural, excesiva natalidad, delincuencia y mendicidad, impacto sobre la escasez de vivienda, efecto llamada, consecuencias del buenismo, necesidad del malismo, frenar la avalancha, la gran sustitución, etc. Se aludió también al viejo mito de que los inmigrantes se reproducen a demasiada velocidad, en comparación con la siempre débil tasa de natalidad de los autóctonos. Un suelto de prensa de octubre de 1966 (Noticias de Madrid) que se publicó en varios periódicos describe así el fenómeno: «los nacimientos se producen masivamente dando hasta trillizas como ha ocurrido recientemente y los inmigrantes forman legión» (28).
La situación había cambiado mucho, no obstante, con respecto a la terrible década de 1940 y la muy dura de 1950. La política de «asfixiar los suburbios» funcionaba a toda máquina. Sucesivas versiones del PUS de Madrid se aplicaron en Barcelona, Asturias y Vizcaya. En Bilbao, las chabolas de la laderas de Archanda, clamorosamente visibles desde el rico centro de la ciudad como las favelas de Río de Janeiro, dejaron paso a la nueva ciudad satélite de Ocharcoaga, situada bien fuera de la vista, miles de viviendas muy pequeñas encaramadas en bloques de hasta 15 plantas de altura, una novedad en 1960, cuando se inició su construcción. Otras innovaciones eran los elementos prefabricados o el uso de materiales como el PVC. Los arquitectos que diseñaron el barrio estaban muy influidos por las ideas de la arquitectura moderna (29).
La idea falangista de los hogares alegres y soleados para productores felices encontró una insólita confluencia con Le Corbusier y su Unité d´habitation, alta e igualmente expuesta al sol y el aire. Ocharcoaga tiene su origen, según la mitología del Régimen, en una visita taumatúrgica del Generalísimo en agosto de 1958 para inaugurar la Feria de Muestras de Bilbao. El dictador vió las chabolas, las consideró intolerables y la maquinaria se puso en marcha. A lo largo de la década de 1960 la chabola, la cueva o el hacinamiento en inquilinato ya no era la única opción para la inmigración (aunque siguieron siéndolo para muchos), que podía encontrar alojamiento en alguna parte de los mares de bloques de pisos que se construian a toda velocidad alrededor de las ciudades.
Aunque la retórica agrícola del régimen siguió funcionando casi hasta su fin, desde comienzos de los 60 era cada vez más evidente que las ciudades eran el pastel a repartir, y no el campo. El Régimen se encontró además con una solución sorprendentemente sencilla y eficaz del problema que había atormentado a todos los gobiernos desde hacía tres cuartos de siglo: el de la masa jornalera irredenta del Sur, no mediante costosas iniciativas de regadíos e industrias rurales, sino por el simple expediente de su traslado en masa a las industrializadas ciudades del Norte.
El informe del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de 1962 lo había dejado claro. Ante el fenómeno de la disminución de la población en muchas provincias, el informe, que se convirtió en la biblia económica del Régimen, asevera: «… el Sur, por primera vez, tiene perspectivas de alivio de la creciente superpoblación.» Al banco internacional le parecía muy bien la gran inmigración, por «… contribuir a la movilidad de la mano de obra como solución parcial de los problemas regionales» (30).
El gran trek de los años del Régimen del Movimiento llevó a 3,5 millones de personas, solo en la década de 1960, desde pueblos y ciudades pequeñas a las grandes ciudades, en un movimiento general desde el sur y el oeste de la Península hacia el norte y el este, y desde cualquier parte hacia el ombligo del mundo, Madrid. Las distancias del gran viaje podían ser poco más de 200 kilómetros cuando la gente abandonaba Soria para instalarse en Madrid, o cerca de 1.000 cuando gente de Granada emigraba a Barcelona.
Las autopistas del Gran Trek fueron principalmente en dirección de Sur a Norte, siguiendo en cierta forma el tradicional movimiento de obreros agrícolas de Sur a Norte siguiendo la ruta que partía de la Baja Andalucía a finales de primavera, avanzaba hacia La Mancha y el Valle del Duero y terminaba en los campos de Aragón en agosto. De regreso al sur, los obreros hacían la vendimia y terminaban con la recogida de la aceituna. Pero esta vez no regresaron.
El ramal más notable de la autopista de la emigración (31) era el que circulaba desde el valle del Guadalquivir hacia Levante y Cataluña, recogiendo gente en Extremadura, Almería y Murcia. Otro menos marcado recogía emigrantes desde el sur y el oeste –Andalucía Occidental, Extremadura, Galicia, León y Castilla la Vieja– para llevarlos al País Vasco. Madrid contaba con cuatro ramales, el de Andalucía, La Mancha y Murcia, el de Extremadura, el del Noroeste (Galicia, León y Castilla, coincidente con la carretera de La Coruña) y otro más débil que llevaba gente de la Idoúbeda o Sistema Ibérico a la capital del país. El camino se recorrió en tren o en autobús, con algunos tramos a pie, hasta llegar a la Estación de Francia en Barcelona, Atocha en Madrid o Abando en Bilbao, donde al principio la Guardia Civil controlaba las llegadas y la solvencia de los recién llegados. Algunas familias de clase media podían hacer la ruta en su coche, a finales de la década de 1960, pero eso era raro. Se podía emigrar por barco, por ejemplo usando la línea Málaga – Almería- Cartagena – Barcelona (32). Las familias emigraban enteras por lo general.
Muchas veces se organizaba una especie de cinta transportadora entre un pueblo concreto y una gran ciudad (o un barrio de la misma). Así ocurrió con Pedro Martínez (Granada) y el barrio de Torre Romeu de Sabadell (20). Pedro Martínez perdió el 43% de su población entre 1950 y 1970. En ese período, Sabadell aumentó la suya en un 270%. Se creó el mito de los pueblos emigrados en masa, desde el alcalde hasta el último vecino, como prueba y demostración de la intensidad del fenómeno migratorio.
La inmigración tocó techo hacia 1970, cuando terminó la década en que se produjo el movimiento interior de población más intenso de la historia de España. La población de la provincia de Barcelona aumentó en 1,7 millones de personas entre 1950 y 1970. La ciudad de Madrid duplicó su población en esos veinte años, pasando de 1,5 a 3,1 millones (tras algún retroceso y un lento avance, medio siglo después era de 3,3 millones). Pero eso fue el acelerón de un proceso que había empezado en la década de 1940, cuando la capital había aumentado su población en 522.000 personas. Entre 1961 y 1974, 884.000 personas salieron de Andalucía y 234.000 solo de la provincia de Badajoz (el Plan Badajoz no impidió la pérdida de un 20% de la población de la provincia en esos años).
En las cuatro décadas que median entre 1900 y 1940 aproximadamente 2,6 millones de personas habían cambiado de domicilio dentro de España, con una media por década bastante estable de 700.000 aproximadamente. Terminado el Gran Escarmiento (la guerra civil), con el país francamente desolado, cualquiera diría que la gente se quedaría en casa, sin ánimo de aventuras, pero no fue así. La emigración interior se reanudó con brío, siempre en dirección a las ciudades, con 0,8 millones de desplazamientos.
La década siguiente fue mucho peor. Lejos de ralentizarse el ritmo se multiplicó, y 1,4 millones de personas cambiaron de domicilio y engrosaron el ambiente urbano. El pico se alcanzó en la década siguiente, 1960-1970, con 2 millones de emigrantes. Entre 1970 y 1980 sólo un millón se desplazó, y en las dos décadas siguientes el proceso se frenó en seco, con solo 0,3 y 0,4 millones de desplazamientos (2) Así que se puede decir que durante el Régimen del Movimiento, con 4 millones de desplazamientos entre 1955 y 1975, la mitad de todos los del siglo XX, se aceleró y se culminó el proceso de migraciones interiores en España, consolidando el sistema de distribución de la población actual.
……
1- Imperio (Zamora) de 25 de mayo de 1940.
2- Miguel Díaz Sánchez: Fronteras de papel. Franquismo y migración interior en la posguerra española. Publicacions de la Universitat de València (PUV), 2024.
3- Por ejemplo, Jornada (Valencia) de 5 de diciembre de 1941.
4- Francisco Andrés Burbano Trimiño: La urbanización marginal durante el franquismo: el chabolismo madrileño (1950-1960). Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea. Núm. 18, 2020.
5- Jesús Iribas: Plan de urbanización de Madrid. Revista de Obras Públicas, noviembre de 1943.
6- La obra del ayuntamiento de Barcelona. 26 Enero 1939 – 26 Enero 1941. Ayuntamiento de Barcelona.
7- Franquismo y migración interior de posguerra (1939-1950) septiembre 13, 2023. Miguel Díaz. Conversación sobre historia, 13 de septiembre de 2023 -conversacionsobrehistoria.info.
8- La Prensa, 7 de febrero de 1950.
9- «Cuidado con la inmigración» La Almudaina, 4 de noviembre de 1951.
10- Antonio Álvarez-Solís: Barcelona, «tierra prometida». El Español, 30 de agosto de 1953.
11- Ordenación general de suburbios – Gran Madrid, nº 1, año 1948.
12- Del Valle, F.: La inmigración en Madrid (1959, en Semanas Sociales).
13- José Luis Servet, Ingeniero Jefe de las obras del Aeropuerlo de Barajas: Barajas, aeropuerto transoceánico del Gran Madrid. Gran Madrid, nº 3, 1948.
14- Ministerio de la Gobernación: Decreto de 11 de agosto de 1953 por el que se atribuye a la Dirección General de Regiones Devastadas la facultad de proceder al derribo de cuevas, chabolas, barracas y otras construcciones análogas deshabitadas.
15- ABC, 27 y 30 de junio de 1956.
16- Madrid Km 0. La intervención franquista en la construcción de algunos paisajes simbólicos de la capital – Elia Canosa Zamora y Ángela García Carballo Estudios Geográficos Vol. LXXVII, 281, pp. 415-442 Julio-diciembre 2016.
17- Vázquez, J.: La inmigración en Madrid, Semanas sociales, 1959.
18- Laca, J.R.: Viaje alrededor de los suburbios (1956) citado por Del Valle, F.: La inmigración en Madrid, 1959.
19- Recuperación de la memoria de las víctimas civiles de los bombardeos aéreos de Madrid. Estudio arqueológico sobre los restos de las viviendas obreras destruidas por las bombas en la plaza del fotógrafo Robert Capa. Incluida en la solicitud de declaración como lugar de memoria democrática el espacio urbano configurado por los siguientes inmuebles y terrenos ubicados en el barrio de Entrevías del distrito de Puente de Vallecas, 2022.
20- Francisco Candel, en Francisco Andrés Burbano Trimiño: Las migraciones internas durante el franquismo y sus efectos sociales: el caso de Barcelona. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, 2013.
21- Jaime Nualart, del I.C.E. de E. sociales de Barcelona: La inmigración en Barcelona. Semanas Sociales de España. XVIII Semana – Vigo-Santiago-1958. Los problemas de la migración española. Secretariado de la Junta Nacional de Semanas Sociales. Madrid, 1959.
22- Presidencia del Gobierno: Decreto de 23 de agosto de 1957 por el que se dictan normas a fin de evitar los asentamientos clandestinos en Madrid.
23- Plan de Urgencia Social de Madrid, aprobado por Ley el 13 de noviembre de 1957.
24- ABC, 9 de abril de 1957.
25- Redondo Gómez, J.: El paro agrícola en España (1948).
26- Diario de Burgos : de avisos y noticias: Año LXXV Número 22867 – 7 de mayo de 1965.
27- Madrid y el inmigrante, Arquitectura, nº 83, noviembre de 1965, Número extraordinario dedicado al éxodo del campo a la ciudad. pág 40-49.
28- Diario Palentino, 8 de octubre de 1966.
29- Luis Bilbao Larrondo: Bilbao: El Plan de Urgencia Social y el polígono de Otxarkoaga (1959-1964). Kobie Serie Antropología Cultural, nº 20: 71-100. Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao – 2016-2017.
30- BIRF, 1962.
31- Antonio M. Higueras Arnal: La emigración interior en España. Ediciones mundo del trabajo, SL, Madrid, 1967.
32- Miguel Díaz Sánchez: ¿Un país sin migrantes? Poder y migraciones interiores en la posguerra española. Historia Social, n.º 107, 2023, pp. 45-64.
Asuntos: Emigración
Tochos: El museo del franquismo
