Bastó colocar una gran estrella roja en la salida del túnel y un letrero en ruso sobre la caseta de áridos de la central de Aldeadávila. La enorme construcción, en el tramo final del Duero en Salamanca, sirvió para crear una aceptable versión estalinista de una gran central hidroeléctrica, la plasmación en hormigón de la famosa fórmula de Lenin: comunismo = socialismo + electricidad. Los habitantes del pueblo cercano desfilaron por la coronación de la presa disfrazados de trabajadores soviéticos, bajo la enigmática mirada de un oficial del KGB (Alec Guinness). El agua vaporizada del aliviadero de la presa forma un estupendo arco iris en el que se funden los títulos finales de la superproducción Doctor Zhivago. Aquel año 1965 la central llevaba funcionando poco más de un año. Era la joya de la corona de Iberduero, Iber– de la antigua Hidroeléctrica Ibérica y –duero de Saltos del Duero, que llevaba explotando los tesoros energéticos del tramo final del gran río desde 1926. Ambas empresas se habían unido en 1944.
En agosto de 1944 los amistosos soldados alemanes de la frontera francesa con España habían sido sustituidos por resentidos miembros del FFI (Fuerzas Francesas del Interior), antifascistas con muchos españoles en sus filas. Unos miles de republicanos españoles iniciaron un ataque a partir del valle de Arán, pero fueron repelidos en pocos días. Resultaba evidente que el Eje había perdido la guerra. La sequía asolaba al país. Las restricciones eléctricas eran cotidianas. Ese fue el momento que eligió Don José María de Oriol y Urquijo para organizar Unesa y así dar comienzo la edad de oro de la electricidad en España.
Unesa (Unidad Eléctrica, SA) llegaría a ser un poder tan importante o más que la iglesia católica durante el franquismo. Se llegó al caso de que Unesa planificaba a la soviética mientras que el ministerio de Industria redactaba los informes de proyecciones comerciales y de consumo, que pasó de algo menos de cinco gigavatios-hora a casi ochenta. A escala doméstica, se pasó de algo más de 100 kilovatios-hora por habitante al año (suficiente para alimentar un par de bombillas y casi nada más) a casi 2.500, cifra que implica ya un hogar con frigorífico, televisor, lavadora, termo de agua caliente y hasta algún radiador. Este crecimiento se produjo en una firme curva exponencial entre 1940 y 1975.
Los datos de consumo para 1940 tienen que tener en cuenta que había regiones muy electrificadas, como el País Vasco, y otras donde la electricidad era prácticamente desconocida salvo en los pueblos más grandes, como Extremadura. El abastecimiento de las capitales y las zonas industriales era bastante uniforme dentro de la escasez general, pero en muchas localidades medianas dependía de la fábrica de luz local, un generador conectado a una turbina instalada en algún molino harinero en desuso. Había algunas autopistas eléctricas, como las que conectaban las centrales del Pirineo con las fábricas de Barcelona, los embalses de la Sierra con Madrid o la más sensacional de todas, la conexión de los saltos del Duero en Zamora con Bilbao. Todo lo demás eran archipiélagos eléctricos flojamente interconectados, o islas diminutas completamente aisladas. La noche era realmente oscura fuera del centro de las grandes ciudades.
Fue entonces cuando José María de Oriol y Urquijo, presidente de Hidroeléctrica Española, le hizo al dictador una oferta que no podía rechazar: a cambio de abstenerse de nacionalizar la industria eléctrica, ésta multiplicaría la producción y forjaría un sistema interconectado a escala nacional para distribuirla.
En 1944 había dos docenas de compañías eléctricas en España, resultado de la fusión de infinidad de pequeñas compañías que funcionaban a escala de un pueblo pequeño o incluso el barrio de una ciudad. Las empresas eléctricas estaban alarmadas por la decisión del INI (Instituto Nacional de Industria, creado en 1941) de crear la Empresa nacional de electricidad (Endesa) ese mismo año. El camino lógico parecía ser la nacionalización de la industria, como ya había ocurrido con el transporte aéreo o el ferrocarril, mediante Iberia en su segunda época y Renfe.
Las compañías eléctricas ya habían llegado a pactos anteriormente, el principal en 1936, para repartirse el negocio de producción y de distribución. Ahora, en 1944, ofrecían hacerse cargo de todo a cambio de evitar la nacionalización y por ende seguir obteniendo beneficios para sus accionistas (en aquella época el llamado dividendo). A diferencia del sistema más simple que formaba la red de ferrocarriles, el negocio eléctrico era ultra complejo, con millones de terminales de consumo conectadas por una constelación de tendidos eléctricos muy confusa a millares de centrales de producción de todos los tamaños. Además, en aquella época, el Régimen del Movimiento Nacional tenía como objetivo número uno la transformación del paisaje de la patria a base de regadíos, repoblaciones forestales y pueblecitos de colonización, y la electrificación parecía algo secundario en comparación y asociado a las ciudades y la industria, territorios donde el franquismo se sentía vagamente incómodo.
Un punto a favor de UNESA era que las credenciales políticas de José María de Oriol y Urquijo eran inmejorables desde el punto de vista del franquismo, como lo eran las de todos los componentes de los consejos de administración de las empresas eléctricas. En general, representaban una excelente combinación de las finanzas, la ingeniería y el tradicionalismo, todo ello orientado al progreso del país mediante una tecnología relativamente novedosa. Así pues, la oferta del presidente de Hidroeléctrica Española y de UNESA cayó en oídos receptivos y en diciembre de 1944 la prensa informó que el Ministerio de Industria y Comercio había aprobado el “plan de conjugación de sistemas regionales de producción de energía eléctrica” presentado por Oriol, “a quien se encomienda su ejecución”. Teniendo en cuenta quién dirigió a quien, la noticia resulta irónica. Habían nacido las eléctricas, formidable poder fáctico durante todo el franquismo que mantuvieron casi intacto durante décadas después de la muerte del dictador.
Faltaba otro paso para consolidar la independencia del bloque eléctrico. La nacionalización seguía siendo una amenaza, especialmente tras el éxito de Endesa, fundada también en 1944, un par de semanas antes de Unesa, en organizar unas cuantas centrales térmicas. Además había que terminar con el anticuado régimen de concesiones y sus correspondientes tarifas fijas a pagar por los consumidores. El negocio eléctrico funcionaba por entonces mediante la concesión a las empresas de la explotación hidroeléctrica de un trozo de la parte del país de dominio público, que podría ser un riachuelo o una cuenca fluvial entera. La concesión se hacía por tres cuartos de siglo o por un siglo entero, y en contrapartida se fijaban unas tarifas casi inamovibles que la empresa podía cobrar a sus clientes. Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles) se creó en 1941, entre otras razones, cuando el sistema de concesiones y tarifas petrificadas se reveló insostenible para las compañías ferroviarias.
La electricidad no sufriría el destino del ferrocarril. En 1951, tras años de negociaciones entre las empresas y el estado, se redactó y publicó en el BOE su nuevo sistema de funcionamiento (1), bajo la tapadera de una modesta regulación de la distribución de electricidad y sus tarifas.
La norma legal aniquilaba el sistema de concesiones y tarifas fijas. Proclamaba el principio sacrosanto de que las tarifas «sean suficientes para obtener una adecuada rentabilidad», y por lo tanto elásticas y revisables. Además, por encima de la dispersa colección de concesiones que formaban anteriormente el negocio eléctrico, creaba la Red General Peninsular de producción y distribución de electricidad, un ente extraño que debía funcionar como una Empresa Nacional Eléctrica Única, pero sin serlo. El mismo Decreto explica así esta cuadratura del círculo: manteniendo intacta la propiedad privada, el sistema debía funcionar obteniendo «resultados similares a los que se obtendrían por una concentración en una sola mano [se entiende, el Estado] de los medios de producción». Naturalmente, el sistema solo podía funcionar correctamente si las empresas eléctricas (que seguían completamente en manos del capital privado) funcionaban con buena armonía y no se peleaban ni sacaban los pies del tiesto. Esto se consiguió gracias a un sistema de arbitraje que Eduardo García de Enterría, lumbrera del derecho administrativo de la época, diseñó siguiendo los principios de arbitraje internacional entre potencias.
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1- MEMORIA SOBRE LA RECONFIGURACIÓN SUSTANCIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL EN 1951. EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA. Revista de Administración Pública núm. 171, Madrid, septiembre-diciembre (2006), págs. 403-413
Asuntos: Electricidad
Tochos: El museo del franquismo
Tiempos: 1944
