Tres niños boomers de la primera hornada juegan bajo la atenta mirada de su madre, en esta fotografía publicada en el libro de propaganda España (1962).
1957 fue el año del Sputnik, el primer satélite artificial de nuestro planeta. En España, en el año 18 de la dictadura, fue el año en que despegó la generación boomer. Restando las defunciones de los nacimientos, se contaron más de 350.000 nuevas incorporaciones a la población, la primera vez que tal cosa ocurría en nuestro país. 1977 fue el último año de la dictadura, si consideramos las primeras elecciones libres que se celebraron en junio. Fue también el último de la historia en que se superaron los 350.000 efectivos de crecimiento de la población. El resultado final de este apogeo poblacional fueron los casi 8 millones de nuevos españoles que se añadieron a la población entre 1957 y 1977.
A lo largo del siglo XX la cifra de crecimiento anual había pasado de un centenar de miles a dos centenares entre 1900 y 1936, con –70.000 el año de la pandemia de gripe (1918). De 1937 a 1942 fueron años de muy bajo crecimiento y hubo otro año negativo, –50.000 habitantes en 1939, esta vez por causa de la violencia organizada. A mediados de la década de 1940 la situación se estabilizó en un crecimiento natural de 250.000 aproximadamente, que fue aumentando paulatinamente, superando los 300.000 y desembocando en el Gran Repunte de Natalidad del franquismo. El año récord fue 1964, el momento cumbre de la dictadura, con 424.000 nuevas incorporaciones a la población del país (1).
Estos 7 u 8 millones de habitantes arrojados al mundo entre 1957 y 1977 tenían en 2023 entre 65 y 45 años. La generación boomer comenzó a jubilarse en masa en la segunda década del siglo XXI, y el Gobierno dejó muy claro que no habría dinero para todos. El ministro del ramo dijo en una entrevista en TV (en julio de 2021) «los «baby boomers» podrán elegir entre un ajuste pequeño de su pensión o podrán trabajar algo más». Luego lo negó todo, pero el asunto ya estaba claro: había llegado la Generación Sobrante.
¿Qué pasó con la población en esas dos décadas finales del franquismo? Paradójicamente, el Régimen no controló, ni mucho menos determinó, tan boyante situación demográfica. Pero, al mismo tiempo, el Régimen llevaba dando la murga desde 1939 con la visión de una España de 40 millones de habitantes, y en 1977, el año del final de la dictadura, la cifra se acercaba a los 37 millones, aparentemente a un paso de su objetivo. Al ritmo infernal de las dos décadas precedentes habrían bastado ocho años para llegar a los 40 millones, pero el hito no se alcanzó en 1985, sino el año 2000.
El desdichado fenómeno de los boomers, a quienes pronto veremos pedir limosna en masa por las calles, se originó por una conjunción de circunstancias. La tasa de natalidad, que caía sostenidamente desde comienzos de siglo, se estabilizó temporalmente durante la década de 1960, para volver a caer con rapidez a partir de 1970. Pero había mucha gente para tener hijos, así que ese frenazo temporal a la caída de la natalidad tuvo su importancia. Además, el repunte de fecundidad del franquismo final coincidió con un notable rejuvenecimiento de los matrimonios, que en España siempre habían sido muy tardíos.
Tuvo más importancia la caída de la mortalidad, y la reducción de la mortalidad infantil especialmente. Por ejemplo, la neumonía infantil mataba muchos rorros en invierno, cuando proliferaban las infecciones pulmonares. Los pulmones se inflaman y esto hace que no pueda llegar suficiente oxígeno al torrente sanguíneo. El tratamiento más eficaz y sencillo es el oxígeno (2). Un niño nacido en Soria el verano de 1958 que enfermara de neumonía ese invierno podía esperar tener un tratamiento de oxígeno en el hospital provincial, que probablemente no habría tenido una década antes.
La medida más política de la fecundidad es el número de hijos por mujer, o su traducción en el ISF (indice sintético de fecundidad). De una u otra forma, es un indicador que aparece con frecuencia en los periódicos y en los programas de debate en TV. En 1900 el ISF era de 4,7. En 1940, año cero del franquismo, ya había caído a 2,9. En 1950, con 2,4 hijos por mujer, era prácticamente la mitad que el de medio siglo antes. A partir de entonces creció a 2,5 en 1955 y a 2,8 en 1960. En 1965 llegó el récord, 2,9 hijos por mujer. A partir de ahí se desplomó, lentamente al principio y en caída libre después, hasta los 1,1 niños en 1995.
¿Qué tuvo que ver el franquismo con estas cifras? Los 2,9 hijos de media por mujer alcanzados en el año más prolífico estaban muy lejos de la clasificación de familia numerosa de primera categoría (de cuatro a seis hijos) y a gran distancia de la familia numerosa de segunda (de siete a nueve), y no digamos de la categoría de honor (diez o más hijos). Esas categorías pertenecen a la Ley de 1971, la original de 1941 ponía el listón más alto, cinco hijos como mínimo. Estas familias tenían derecho a una serie de beneficios, como la escolarización gratuita o carnets kilométricos de Renfe (viajes gratuitos en ferrocarril hasta cierto límite de distancia), pero el Régimen nunca pudo establecer un pago directo por hijo tan sustancioso que estimulara con fuerza la natalidad.
La relativamente boyante demografía del franquismo superior pilló por sorpresa al Régimen. El malthusianismo llevaba triunfando desde comienzos de siglo y antes en el país que pretendía convertir en casi sagradas a las familias numerosas, “relicario de fe, de patriotismo y de voluntad de grandeza” las llama el legislador (sin duda un varón) en la explicación de la Ley de protección a las familias numerosas de agosto de 1941 (3). Pero esa misma ley confiesa a las claras que la situación demográfica española era penosa: “En España los coeficientes de natalidad disminuyen y la dinámica de la población es muy exigua.”, para trompetear a continuación un resumen del punto de vista fascista sobre la natalidad: “Solamente los pueblos de familias fecundas pueden extender la raza por el mundo y crear y sostener imperios. La vitalidad demográfica acrecienta la personalidad internacional y la potencia militar.” Era la expresión legal de la obsesión de los cuarenta millones.
Mucho antes de terminar la guerra civil, el general Franco trazó un cuadro del futuro de España declamando “Día llegará en que nuestra patria alcance la cifra de cuarenta millones de habitantes a los que pueda mantener con completa dignidad, merced a sus grandes recursos (4) ”. No hacía más que repetir una idea muy extendida entre el fascismo español de los años 30, el de una España convertida en potencia internacional gracias a 40 millones de laboriosos habitantes que, gracias a la gran diversidad ecológica de su país, serían totalmente autosuficientes y por lo tanto poco vulnerables a las contingencias internacionales. ¿Cómo se llegó a esta cifra? Ramiro Ledesma Ramos recogió el concepto en 1935 en su libro Discurso a las juventudes de España, argumentando que la condición sine qua non de la grandeza de patria era la duplicación de su población, que entonces se estimaba en poco más de 20 millones de habitantes. Ledesma se hacía eco de Mussolini en su Discorso dell’ Ascensione a la Cámara de Diputados en 1927. El Duce, más modesto que su epígono español, estableció el objetivo en un aumento del 50%, pasando de 40 millones de italianos a 60 millones hacia 1950, sulla soglia della seconda metà di questo secolo. El objetivo se alcanzó en 2013.
Mussolini también planteó la pregunta de cómo proporcionar recursos a tanta población. Era una época en que la productividad de la tierra determinaba de manera directa e importante la cantidad de gente que podía vivir de ella, especialmente en países poco industrializados. En España, la profecía del general Franco fue hecha cuando el país contaba con aproximadamente 24 millones de habitantes a los que podía alimentar con dificultad –incluso antes de la guerra–, gracias a sustanciales importaciones de alimentos año tras año. La utopía fascista de 40 millones para medio millón de km2 de territorio nacional parecía irracional en su tiempo (se alcanzó en 2000, pero en circunstancias económicas muy distintas de las previstas por Ramiro Ledesma Ramos o el propio Generalísimo en 1939), pero tenía su lógica dentro de la visión ecológica del fascismo, que implicaba la transformación acelerada del territorio, para que las dos hectáreas por habitante que apenas bastaban para alimentar a 25 millones se redujeran a poco más de una hectárea por español. La idea era que esa hectárea, multiplicada su productividad por el regadío y otros trucos de la intensificación, bastase y aún sobrase. Pero esta es otra historia.
Durante cuarenta años, el Régimen utilizó alternativamente el palo y la zanahoria para el gran objetivo del aumento de la natalidad.
El franquismo castigaba con dureza toda interferencia en el ciclo reproductivo humano, desde impedir el libre acceso de los espermatozoides al óvulo mediante un condón a la interrupción voluntaria del embarazo. La Ley de 24 de enero de 1941 que trata de estas cuestiones pinta de paso un cuadro de la anti-España degenerada: “El estrago harto acusado en tiempos anteriores como consecuencia de un sentido materialista de la vida, adquirió caracteres de escándalo durante el régimen republicano, agudizándose aún más escandalosamente en aquellas zonas sometidas a la dominación del Frente Popular. El Gobierno, consciente de su resposabilidad, decide combatir el crimen social que el aborto provocado representa y que impide que nazcan muchos miles de españoles anualmente”.
En 1953 había 103 mujeres encarceladas por el delito de aborto, de un total de 792 presidiarias (5). Ese centenar largo de reclusas eran la disuasión que amenazaba a las mujeres, que debían abortar con el miedo metido en el cuerpo y en condiciones atroces desde el punto de vista médico. Los condones se seguían vendiendo, ahora de manera clandestina, en los puestos de tabaco y chucherías. En la década de los 50, algunas farmacias comenzaron a suministrarlos de manera muy discreta (6), siempre bajo el sobreentendido de uso preventivo de enfermedades venéreas, nunca como anticonceptivo.
En 1946, el Instituto Balmes de Sociología envió varios centenares de encuestas a médicos inspectores de Sanidad y curas párrocos de todas las provincias de España. La encuesta se repitió con doble número de envíos en 1957. Los resultados de 1946 y 1957, dejando aparte su validez estadística, y el singular método de consultar a medias a la Medicina y a la Iglesia católica (al parecer se pensaba que los curas párrocos tenían un conocimiento de primera mano de las costumbres sexuales y reproductoras de sus feligresas), eran escalofriantemente coincidentes: el 80% de las contestaciones confirmaba «la existencia de una limitación voluntaria de los nacimientos en las distintas provincias de España» (7). En un artículo de divulgación publicado en 1956, el periodista y estadístico Arturo Pérez Camarero parece a punto de tirar la toalla: “…esa leucemia social que la disminución de la natalidad representa…neutraliza en España todos los desvelos, todos los esfuerzos y todos los sacrificios hechos en defensa y fomento [de la fecundidad]” (8).
Los desvelos, esfuerzos y sacrificios a que alude D. Arturo eran la bastante formidable política natalista del franquismo, muy inspirada en la de la Italia fascista. La programación natalista funcionaba un poco por todas partes, con algunas líneas de código principales: se estimulaba la formación de matrimonios, así como la reproducción dentro de ellos, nunca fuera (gracias a la vigencia del concepto de hijos legítimos e ilegítimos), así como el aumento del número de hijos, así como que la mujer no trabajara fuera, sino que se dedicara a tiempo completo al cuidado de la prole. La batería de estímulos automáticos a la natalidad incluía subsidios a las familias con hijos, préstamos a la nupcialidad que se reducían sustancialmente con cada hijo, “puntos”, sistema por el que un porcentaje de la masa salarial de una empresa se repartía entre los trabajadores con hijos –lo que suponía un impuesto implícito a la soltería– y exenciones fiscales –algunas de las cuales aumentaban a medida que aumentaba la riqueza del contribuyente, extraña medida que solo se explica por el deseo de los ricos se reprodujeran con algo más de entusiasmo (9).
La guinda del pastel natalista era la exaltación de las familias numerosas, medida ya puesta en marcha por Primo de Rivera en 1926 pero que el franquismo transformó en marca de fábrica. Se daban Premios Nacionales de Natalidad, que el Caudillo entregaba de propia mano, y también había Premios Provinciales. Entonces la prensa publicaba fotos de familias de 17 o 20 hijos, todos o casi todos vivos, gracias a Dios. Los padres solían ser empleados u obreros y tener no mucho más de 40 años. Sus esposas, algo más jóvenes, causaban asombro por haber podido sacar adelante semejante prole.
El Premio Nacional de 1956 es un ejemplo de las extraordinarias marcas que se batían: un matrimonio de Gáldar (Las Palmas) con veintidós hijos, veinte vivos y otro de Guía, en la misma provincia, con dieciocho hijos, todos vivos. Estos récords no parecían servir de mucho estímulo a un país infectado de maltusianismo. Un análisis detallado de las estadísticas disponibles mostró como la Limitación Voluntaria de Nacimientos se expandía en España en ondas concéntricas en dirección suroeste, partiendo de un foco situado aproximadamente en Barcelona. El contagio solía empezar en el ángulo nordeste de las provincias, y era más rápido en el litoral que en el interior. Para 1957, Ros Jimeno, del Instituto Nacional de Estadística, evaluaba la extensión de la zona contaminada en un 58% de las provincias. Y lo malo es que la contaminación estaba dentro de las cabezas, por así decir : «El creciente predominio de la razón sobre el instinto ha sido en España, como en otros países, la causa principal de la disminución de la natalidad; pero puede serlo también de un movimiento en sentido opuesto» (7).
No se dió ningún “movimiento en sentido opuesto”, pero ese mismo año 1957 el indicador demográfico, alentado por un relativo repunte de la tasa de fecundidad y el continuo descenso de la tasa de mortalidad, comenzó sus dos décadas boyantes, que condujeron al desdichado fenómeno boomer. Fue un proceso contradictorio. Por un lado, los españoles y españolas estaban en pleno proceso de pasar de una estrategia “r”, producir muchos descendientes en un mundo precario para que alguno sobreviva, como los gusanos, las ratas y los españoles preindustriales, a otra “k” como los delfines, las águilas y los suecos, producir pocos descendientes, ante la seguridad de que casi todos sobrevivirían. Pero, al mismo tiempo, la relativa prosperidad de estas dos décadas, comparada con los veinte años de miseria precedentes, hizo que tener hijos fuera más llevadero, una opción realizable sin un coste excesivo. Lejos estaba ya el recuerdo del primer premio nacional de natalidad en 1941, un matrimonio de Boal, Asturias, con 19 hijos, dieciséis vivos, alimentados todos ellos casi milagrosamente con el jornal de seis pesetas diarias de su padre, trabajador agrícola.
En 1973, los premios de natalidad se acompañaron por primera vez por los premios de promoción familiar, respuesta del Estado a una creciente preocupación por el control de calidad de sus nuevos súdbitos. El Primer Premio de Natalidad correspondió a un empleado de Linares (Jaén) con 18 hijos vivos, y el Primer Premio de Promoción Familiar a un funcionario de la Diputación de Málaga, con doce hijos vivos entre los que se contaban cinco titulados universitarios. Los clarinazos fascistas de la Ley de familias numerosas de 1941 fueron cambiados en la ley de 1971 por un argumento apestosamente tecnocrático: el objetivo de la protección de las familias numerosas no era ya el Imperio o la Gloria, sino simplemente “»estimular la deseable continuidad en el desarrollo de la población nacional» (10).
El aparato legal estaba intacto: eran ilegales y castigados el divorcio, el empleo de métodos anticonceptivos, la interrupción del embarazo bajo cualquier supuesto, la ligadura de trompas, la vasectomía y en general “todo medio o procedimiento capaz de evitar la procreación”, que se debía perseguir “implacablemente”. Por si acaso, el artículo 416 del Código Penal castigaba severamente “Cualquier género de propaganda anticonceptiva”. Entrando en la década de los 70, el modelo férreo de familia potenciado por el franquismo parecía cada vez más absurdo. España era uno de los cuatro países del mundo que imponían la celebración del matrimonio religioso, junto con Colombia, Liechtenstein y la Ciudad del Vaticano, y uno de los ocho que no admitían la posibilidad de divorcio.
El establishment médico intentaba inútilmente poner los últimos diques a la destrucción maltusiana de la familia tradicional. Los anticonceptivos eran un asunto candente, pues estaban prohibidos en España pero eran de uso bastante corriente, empleando como cortina de humo sus efectos terapéuticos en determinadas enfermedades de la mujer. Los médicos navegaban entre alambicadas definiciones de lo que es y lo que no es medicamento teniendo propiedades antiprocreatorias y llegaban a dictámenes dignos de Groucho Marx: en las conclusiones de la mesa redonda sobre anticonceptivos celebrada en el Colegio oficial de Médicos de Murcia, en febrero de 1973 se dice “No es lícito [el empleo de anticonceptivos] con fines anticonceptivos”.
Los métodos de control de natalidad eran parte del arsenal de las desfavorecidas por la fortuna desde hacía muchos años, y se habían practicado con mayor o menor represión gubernamental a lo largo de todo el siglo XX. Una encuesta realizada por Salustiano del Campo en 1963 entre médicos de Barcelona mostró como los galenos conocían perfectamente el uso de preservativos, medios químicos y lavados en un elevado porcentaje de sus pacientes. Diez años después, una encuesta realizada usando el alambicado método de “porcentaje de mujeres que han oído hablar de…” mostró como casi tres de cada cuatro mujeres conocían la píldora, casi la mitad el preservativo, y porcentajes significativos todos los demás métodos anticonceptivos accesibles, incluyendo el único autorizado por la Iglesia (método Ogino-Knaus) al que la mayoría consideraba poco eficaz. Para 1973 se estimaba que el porcentaje de mujeres en edad fértil que empleaban anovulatorios de manera legal o semilegal era superior al 12 %. La familia muy numerosa era ya una especie rara y en serio peligro de extinción. El último Premio Nacional de natalidad lo entregó el rey Juan Carlos en abril de 1977, el último año del fenómeno boomer (11).
1-Anna Cabré, Andreu Domingo y Teresa Menacho: Demografía y crecimiento de la población española durante el siglo XX. . En Manuel Pimentel Siles (coord.), Mediterráneo Económico, 1, Monográfic: Procesos migratorios, economía y personas, Caja Rural Intermediterránea, Cajamar (Almería). Centre d’Estudis Demogràfics (2002).
2- UNICEF: La neumonía infantil: todo lo que debes saber. https://www.unicef.org/es/historias/neumonia-infantil-lo-que-debes-saber
3- Ley de 1 de agosto de 1941 de protección a las familias numerosas.
4- Juan Bosch Marín: El maestro español y el problema demográfico. Revista de Educación, Nº 1 (1941). La frase pertenece a una entrevista de Manuel Aznar publicada el 1 de enero de 1939.
5- Antonio Amor: Fisonomía de la delincuencia española. Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Instituto «Balmes» de Sociología- . Revista Internacional de Sociología-Año XVII – Num. 67. (1959)
6- Jean-Louis Guereña: Elementos para una historia del preservativo en la España contemporánea. Hispania, LXIV/3, num. 218 (2004).
7- JOSÉ ROS JIMENO: Algunos aspectos de la natalidad en España. Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Instituto «Balmes» de Sociología- . Revista Internacional de Sociología-Año XVII – Num. 67. (1959)
8- La natalidad en España. Su descenso contrarresta la baja de la mortalidad. Por Arturo Pérez Camarero. ABC de Sevilla, 22 de mayo de 1956.
9- Celia Valiente Fernández: Olvidando el pasado: la política familiar en España (1975-1996). GAPP n.» 5-6. Enero-agosto 1996. Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP) editada por el Instituto Nacional de Administración Publica (INAP).
10- Ley 25/1971, de 19 de junio, de Protección a las Familias Numerosas.
11-ABC, 30 de abril de 1977.
Asuntos: Natalidad
