Un Cessna Centurion del Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica.
Si América Central fuera un solo país, tendría algo más de 45 millones de habitantes y poco más de 100 aviones y helicópteros de guerra en total, lo que nos da un ratio de habitantes por aeronave de combate de 400.000 por aparato. Para comparar España, con una cifra de población muy similar, tiene un ratio de 150.000. El de Estados Unidos es diez veces superior, de 40.000 ciudadanos por cada aeronave de guerra. Los récords mundiales son Corea del Norte con 35.000 e Israel con 20.000.
Esta cifra tan baja en Centroamérica viene en parte de haber dejado atrás la fase de guerra abierta que atravesaron especialmente Guatemala (1960-1996), El Salvador (1981-1992) y Nicaragua (1978-1990). Y también a que algunos países, como Panamá o Costa Rica, no tienen Ejército propiamente dicho, ni por lo tanto fuerza aérea. Costa Rica es el país del mundo que ha llegado más lejos en la desmilitarización, pues el artículo 12 de su Constitución Política de 1948 dice con frase magnífica y concisa: «Se proscribe el ejército como institución permanente».
Los aviones del gobierno costarricense pertenecen al Servicio de Vigilancia Aérea, encuadrado en el Ministerio de Seguridad Pública. El SVA posee aproximadamente una docena de aviones ligeros y un solo ejemplar de de Havilland Caribú, y se dedica a toda clase de servicios policiales y de transporte ligero. Recientemente se está viendo involucrado cada vez más en la guerra de las drogas, y algunos de sus aviones son aparatos requisados al narcotráfico. Costa Rica tiene los mejores índicadores de desarrollo humano, bienestar y democracia, pero la guerra de las drogas que está destrozando Centroamérica se está acercando peligrosamente a este pacífico país.
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