Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), octubre de 1959. Franco y otras personalidades rodeados por un mar de perdices muertas. (Wikimedia Commons)
Los únicos que estaban a salvo eran los pajarillos. Una Ley de 1896 (1) prohibía su caza, y establecía otra medida, colocar en la puerta de los 9.266 Ayuntamientos de España (2) un cartel con el siguiente texto:
Los hombres de buen corazón deben proteger
la vida de los pájaros y favorecer su propagación.
Protegiéndolos, los labradores observarán cómo
disminuyen en sus tierras las malas hierbas y los insectos.
La ley prohíbe la caza de pájaros
y señala pena para los infractores.
El franquismo no derogó esta sabia ley, pero no se interesó por su cumplimiento. En noviembre de 1952, la Sociedad Protectora de Animales recordó a los propietarios de bares, tabernas y colmados madrileños que estaba prohibido vender pajaritos fritos, y les amenazó con «una intensa campaña imponiendo sanciones a los contraventores»(3). No sirvió de nada. En 1967 el Patronato Municipal de Protección Animal de la ciudad volvió a condenar el consumo de estas bestezuelas, que era común en todas las tabernas de la capital (4).
El resto de los animales sí eran cazables o masacrables. La Ley de Caza de 1902 dividía a la fauna en tres partes: animales fieros o salvajes; amansados o domesticados coyunturalmente; y mansos o domésticos por naturaleza. Por costumbre, la primera categoría se dividía en tres: caza mayor, caza menor y alimañas. Esta tercera categoría debía ser exterminada para bien del resto de los animales (5). La caza mayor incluía diez especies: Ciervo, corzo, gamo, jabalí, cabra montesa, rebeco, muflón, oso, lince y lobo. El lobo era también alimaña, la que tenía la recompensa más alta por su cabeza. Osos y linces también eran carnívoros y por lo tanto alimañas potenciales, pero su escaso número los convirtió en valiosos y se limitó su caza en 1952 (el oso) y se prohibió en 1966 (el lince).
La caza menor era todo lo demás, cientos de especies, cuatro de ellas especialmente valiosas (conejo, liebre, perdiz y codorniz). Las alimañas eran un grupo muy variado de especies, que incluía grandes rapaces como el águila real y el búho ídem, córvidos (urracas, grajos, cuervos y chovas), pequeños carnívoros (garduña, comadreja, gato montés, gineta, tejón, etc.), grandes carnívoros (lince, lobo, zorro), culebras y lagartos variados y hasta lirones.
En 1953 el exterminio de alimañas se integró dentro del proceso general de transformación y reforma del país. Se publicó un Decreto declarando obligatoria la constitución de Juntas Provinciales de Extinción de Animales Dañinos y Protección a la Caza (6). Las Juntas Provinciales podrían replicarse fractalmente en Juntas Locales o Comarcales y tenían una organización compleja con representantes de muchos de los poderes actuantes en la provincia.
En la práctica, el exterminio de alimañas funcionaba poniendo precio a su cabeza. Las recompensas variaban mucho, desde una peseta por cada urraca, lagarto o lirón a 500 pesetas por una hembra adulta de lobo, en la década de 1950. Los precios fluctuaban según la abundancia o escasez de la pieza; en Santander (act. Cantabria), en 1957, llegaron a pagar 5.000 pesetas por una piel de lobo. El énfasis en la necesidad de “rigurosas medidas de defensa” contra los animales dañinos auguraba una masacre de proporciones bíblicas, pero el exterminio de alimañas no fue sistemático ni a escala nacional. Solo la mitad aproximadamente de las provincias organizaron Juntas de Extinción, y solo unas pocas funcionaron con regularidad y reunieron estadísticas. Por ellas se sabe que, entre 1944-1969, se mataron 107 linces y 167 águilas reales en Toledo. En 1966 se prohibió la caza del lince, cuando alguien se dió cuenta de que se había llegado demasiado lejos en el exterminio. Hacia el año 2000, la población total de linces en España era de algo menos de un centenar. Las especies mayores y más valiosas de la fauna se mataban a centenares, pero otros animalillos caían por decenas y cientos de miles: nada menos que 22.436 lirones en Guadalajara y 372.624 córvidos en Soria, entre las dos fechas antes citadas. (7). En Asturias, en algo menos de un año entre 1957 y 1958, se mataron 44 lobos y 14 águilas reales (fff).
Toda esta variada fauna se movía por terrenos equivalentes a la casi totalidad del territorio nacional. En julio de 1939, tras tres años de inactividad, fue necesario autorizar de nuevo la caza menor. Se podía cazar de septiembre a febrero, la temporada tradicional. Dentro del reseteo general de la sociedad, solo se podían conceder licencias de caza y por lo tanto de uso de armas a personas adictas al Movimiento Nacional, no se podían usar balas ni postas (solo perdigones finos, al parecer) y las Autoridades Militares podían declarar por su cuenta cualquier parte del territorio de una provincia como zona prohibida para la caza.
Se entiende que a la Autoridad no le gustaba la idea de volver a llenar los campos de España de paisanos armados con escopetas. Por otra parte, la caza menor era una válvula de seguridad que no venía mal para paliar la desesperada escasez de proteínas animales de la época, como se vio en años sucesivos. Durante los años del hambre, la Guardia Civil (cuerpo tradicionalmente encargado de la supervisión de la caza) controló la situación en los pueblos, que solían contar con uno o dos cazadores semiprofesionales que a veces respetaban la veda y a veces no (los llamados escopetas negras). Estos cazadores eran a veces los alimañeros semioficiales de la localidad, encargados de controlar lo que pudiera surgir, como un repunte de ataques de zorros a los gallineros. En principio, se podía cazar en cualquier terreno que no estuviera acotado o vallado (caza libre).
La caza mayor era harina de otro costal. La Dirección General de Montes expedía las autorizaciones de caza mayor, con algunas restricciones: estaba “totalmente prohibida” (es terminología oficial: prohibida en serio, de verdad) la caza de animales hembras, menos las del jabalí, disparar sobre grupos compactos de animales, utilizar armas ametralladoras y usar postas como munición. A partir de estos límites funcionaban las grandes cacerías, una de las marcas de fábrica del franquismo, que permitían a una reducida élite compadrear mientras se cargaban unas cuantas docenas de grandes animales. Estas cacerías recibían el desprecio de los grandes cazadores aristócratas, que solían escribir tratados de montería y conocían las sierras al detalle, como el conde de Yebes, el Nemrod de la época. Pero a veces no había más remedio que acompañar a las más bien torpes escopetas del Régimen.
Las grandes cacerías eran un asunto multitudinario y complicado. Como decía el conde “La batida de una mancha, tratando de hacer las cosas bien, constituye una operación de una estrategia militar comparable al desembarco en Normandía (9)”. Cientos de personas y una considerable logística se ponían en marcha para llevar a cabo la destructiva ecología de la montería. Una montería típica reunía medio centenar de escopetas, es decir de cazadores, cifra a la que había que añadir el numeroso personal subordinado, y una o dos docenas de rehalas de perros (10).
Las grandes cacerías de la clase política fueron una especialidad del franquismo. El dictador dedicaba gran parte de su tiempo a las actividades venatorias y pesqueras y aceptaba numerosas invitaciones de monterías, que por lo tanto reunían a una representación de la Superioridad con una representación de la gente de orden, durante varios días y en parajes agrestes, lo que facilitaba un interesante flujo de información en la cúpula del Régimen.
Para el pensamiento del Régimen del Movimiento, la naturaleza (es decir, todo lo que no estaba edificado o cultivado) era (además de un marco para las actividades juveniles y un espacio para el desarrollo forestal) un recinto poblado por especies de caza, una sucesión de acotados valiosos por su contenido en especies cazables de valor. Por ejemplo, el Coto Nacional de Reres, creado en 1943, era “uno de los mejores cotos de rebeco de Europa”, y la Reserva Nacional de Somiedo y agregados, creados entre 1955 y 1961, era considerada como “uno de los mejores cotos de oso pardo de Europa” en fecha tan avanzada como 1964, cuando su caza estaba limitada desde 1952 (11), aunque no por ser especie valiosa desde el punto de vista ecológico, sino por su valor como especie de caza, al ser “variedad de excepcional interés dentro de nuestra fauna cinegética”.
La conservación de la naturaleza porque sí, por su valor prístino, apestaba a republicanismo, naturismo, veganismo y otras cosas horrendas para el Régimen del franquismo inferior. No había objeción a declarar ciertas parcelas del territorio nacional de poco valor agropecuario y gran valor escénico como altares de la patria, técnicamente Parques Nacionales. En 1940 sólo tenían esa categoría Covadonga (que además era la cuna de España) y Ordesa, declarados ambos en 1918. Tras años de tranquilidad conservacionista, ocupada la Superioridad en transformar radicalmente el paisaje de la patria, hubo un hueco para declarar los dos primeros Parques Nacionales del franquismo, en 1954, Teide y Taburiente, montañas lejanas y espectaculares. El siguiente PN es insólito, pues fue fruto de un desliz del propio Caudillo.
A finales de septiembre de 1955 Franco realizó uno de sus periódicos viajes taumatúrgicos, en este caso al Pirineo catalán (12). En un momento dado la comitiva abandonó los cochazos oficiales pintados de negro (la serpiente de charol) y tomó asiento en varios jeeps, que treparon montaña arriba hasta el lago de San Mauricio, donde había que inaugurar una nueva central eléctrica, un refugio de montaña y una ermita. Parece ser que el Generalísimo dijo algo así como “Este lugar podría ser un parque nacional” (siguiendo el estricto criterio de la época de espectacularidad escenógráfica). El caso es que el 21 de octubre, poco más de tres semanas después, él mismo firmó el decreto de creación del “Parque Nacional de Aiguas Tortas y Lago de San Mauricio, en la provincia de Lérida”. El PN era bastante peculiar, porque en realidad era una gran instalación industrial en un marco incomparable.
El siguiente PN del franquismo tuvo que esperar 14 años, pero esta vez el proceso que llevó a su declaración fue completamente distinto. Doñana era una inmensa marisma (entre otras cosas) y por lo tanto tendría que haber sido desecada y puesta en cultivo, como todos los paisajes incorrectos del país. Ya se había empezado con arrozales en su parte este, había ambiciosos planes de repoblación forestal a base de eucaliptos, un proyecto de construir una central nuclear –que abastecería a Sevilla– , estaba ya dibujado el trazado de anchas carreteras, había incluso planes de desarrollos turísticos considerables en el sur.
En marzo de 1952 el ministro de Agricultura (Rafael Cavestany) despegó desde Jerez de la Frontera para examinar la zona desde el aire. El contraste no podía ser mayor entre el paisaje mejorado y el paisaje todavía no corregido: «El avión voló sobre las cuarenta mil hectáreas en las que el Patrimonio Forestal del Estado ha creado una magnífica riqueza de pinares, eucaliptus y guayales (madera celulosa y caucho), que contrasta con la esterilidad del Coto Doñana, de propiedad particular, que tiene una extensión de 27.000 hectáreas, de las cuales muy pocas tienen árboles, y con la pobreza de las marismas que las rodean, que ofrecen el mismo aspecto desolador (13).» Los cultivos de guayule eran un recuerdo de los años de la autarquía dura, cuando la agobiante escasez de caucho hizo concebir esperanzas de conseguirlo cultivando esta planta mexicana.
La amenaza más seria para Doñana era la repoblación masiva de eucaliptos, ordenada por decreto el mismo día en que se levantó el racionamiento del pan, el 22 de marzo de 1952 (14). A partir de entonces Doñana ya figuraba regularmente en la lista de avances agrícolas: “La repoblación del coto de Oñana. Colonización. Transformación del secano en regadío» es la entradilla de unas declaraciones a la prensa de Cavestany en enero de 1953, que aseguró que la repoblación de Doñana iba “muy adelantada y al ritmo que se ha marcado por el departamento» (15).
Entonces llegó el Generalísimo en persona. En abril de 1953 realizó la clásica visita taumatúrgica, perseguido por las “delirantes aclamaciones”·de la multitud, en varios pueblos de la zona, donde se realizaba la gran repoblación forestal. La zona todavía no reforestada no era pintada precisamente como un paraíso natural en la descripción oficial del viaje: «Una enorme y deprimente soledad, cuyo silencio solo turbaban las nubes de mosquitos» es la descripción de la zona de Arenas Gordas, costa lindante con el Coto de Doñana. (16)
Por fin Franco tuvo tiempo para una breve visita a la finca (de propiedad particular) de Doñana, acompañado de uno de sus principales propietarios, Manuel María González Gordon, un cripto-conservacionista a quien no le hacía ninguna gracia llenar de eucaliptos su propiedad. Entonces, como un personaje de Macbeth contemplando el bosque de Birnam, «Fija la mirada en los nuevos eucaliptos del horizonte, Franco se dirigió a Don Manuel María González. Con esa rara intuición y dominio de todos los temas, preguntó si los eucaliptos harían daño a la caza.
– Todavía no, mi general -contestó don Manuel María–; todavía no la han perjudicado.»(17)
Poco después, D. Manuel María envió una carta a Franco, redactada por José Antonio Valverde, el naturalista que más hizo por salvar Doñana, describiendo con cierto detalle el extraordinario valor de la zona para la historia natural. No hubo reacción de la Superioridad, aunque parece ser que las repoblaciones de eucalipto se frenaron. Fue entonces cuando llegaron los ingleses, a montones, en verdaderas expediciones de naturalistas. Doñana se convirtió en una cause célebre internacional. La máxima Autoridad del conservacionismo (el príncipe Bernardo de Holanda, presidente del recién creado World Wildlife Fund) envió una carta a la máxima Autoridad de España, el Generalísimo, de igual a igual, expresando su preocupación por el enclave y ofreciendo montar una reserva de aves silvestres de gran estilo en la desembocadura del Guadalquivir. Aquello fue demasiado para Franco, ansioso de mejorar la reputación internacional del Régimen del Movimiento.
Por fin la Superioridad cayó en la cuenta de que era más moderno y adecuado conservar la naturaleza de Doñana que ponerla en explotación. Entre otras consideraciones, quedaba mucho mejor en el extranjero. En 1969 se firmó el decreto correspondiente de creación del Parque Nacional. En 1971 se declaró PN otra zona húmeda, algo inconcebible en el franquismo inferior. Daimiel era un trocito del gran humedal de la Mancha, por desgracia ya casi desecado (con lo que pasó de su función natural de rebosadero a sumidero) tras varios años de sacar agua a espuertas del subsuelo, a base de motores de gasolina. Ese mismo año se reorganizó el Ministerio de Agricultura y se creó una institución contra natura para la cultura franquista, que siempre aspiró a la Transformación de la Naturaleza: el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), que duraría hasta 1991.
«¿Qué milagro se ha operado para que el español, pueblo tradicionalmente cazador, haya sufrido un cambio tan radical de conducta? ¿A qué obedece esta suerte de neofranciscanismo que mueve hoy a la opinión pública […]?” El volantazo del Régimen hacia el conservacionismo y el amor hacia los animales, las plantas y los paisajes debía una explicación, y esa explicación la dió S.A.R. don Carlos de Borbón Dos Sicilias, Duque de Calabria y presidente de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, Adena, rama española del WWF, en una entrevista publicada en mayo de 1972. El duque vino a decir que, pasado un cierto nivel de desarrollo y por ende de destrucción de la naturaleza, convenía replegar velas y cuidar de la base natural que nos sustenta (18).
Algo parecido a lo que dijo José Luis Meilán Gil, secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno, en una conferencia pronunciada en el Club Americano unos meses antes: «Así como en los países más atrasados lo importante son las chimeneas aunque echen humo, en la España actual, aunque sigamos necesitando chimeneas, nos interesa también la pureza del aire». Meilán cifró en 42.354 millones de pesetas la inversión durante 1972-75 (en el marco del III Plan de Desarrollo) a la solución de los problemas del medio ambiente. Se atrevió incluso a llamar a los contaminados ríos papeleros de Guipúzcoa «punto negro en el medio ambiente español» (19).
El último Parque Nacional creado en el franquismo fue completamente convencional. Timanfaya (agosto de 1974) acotó el extraordinario paisaje volcánico del oeste de la isla, recuerdo de la megaerupción del siglo XVIII.
En paralelo a la política neofranciscana de conservación de la naturaleza, el Régimen no cejó ni un ápice, sino que aceleró, su política de impulso y transformación hacia arriba de la caza. De las 1,6 millones de hectáreas declaradas Reservas Nacionales de Caza, el 40% se creó entre 1973 y 1975. El número de cazadores creció sostenidamente hasta los 700.000 en 1970 (20), a base de una tercera clase de cazadores que ya no eran aristócratas en monterías ni aldeanos con una escopeta, sino urbanitas con coche. Continuó la repoblación intensiva de montes y cazaderos con animales, de manera que se llevaban ciervos nacionales de Jaén a Soria (21) y muflones extranjeros de Córcega a Jaén. Esta época recibió más tarde el apelativo de “boom cinegético español”. La vieja ley de caza se sustituyó por una nueva y flamante en 1970, que, muestra de la importancia que el Régimen adjudicaba al asunto, pasó por un notable proceso de participación pública.
Este desarrollismo de la caza tuvo consecuencias décadas después. Durante cerca de tres décadas, el Coto Nacional de Caza de Cazorla (Jaén), creado en 1960, fue la tierra prometida de gamos y muflones, especies introducidas que crecieron y se multiplicaron a placer. En 1991, la zona ya bajo la nueva denominación de Parque Natural (y Reserva de la Biosfera), hubo que organizar un plan de reducción de poblaciones de ungulados no autóctonos, parando los pies a las molestas especies foráneas de corzos y muflones y favoreciendo a las especies nativas como la cabra montés, muy afectada por la epidemia de sarna. Así se intentó restaurar el equilibrio cinegético nacional, muy afectado por el franquismo.
Linces y lobos sobrevivieron, así como las águilas reales, a veces mediante extenuantes programas de recuperación. Nunca más se volvió a hablar de alimañas, aunque los cebos envenenados siguieron proliferando en el campo. Un nuevo electrodoméstico, la televisión, tuvo un papel esencial en la proliferación del neofranciscanismo del franquismo terminal, cuando millones de personas pudieron ver a la naturaleza con otros ojos en los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, a partir de 1968, cuando se estrenó Fauna.
———————
1- Ley de caza de 16 de mayo de 1902.
2- Según el censo de 1900, en el Anuario Estadístico de 1948.
3- ABC de Madrid, 23 de noviembre de 1952.
4- ABC de Madrid, 2 de diciembre de 1967.
5- Por ejemplo, «Relación de los animales dañinos que se han extinguido en la Península é islas adyacentes durante el año de 1864», Gaceta de Madrid, 14 de abril de 1866.
6- Decreto de 11 de agosto de 1953 por el que se declara obligatoria la organización de las Juntas Provinciales de Extinción de Animales Dañinos y Protección de la Caza.
7- Carolina Márquez Cañas: El control de depredadores en España, tesis doctoral, U. de Málaga, 2015.
8- Eduardo García Díaz: La caza de animales dañinos. Revista de Montes, nº 83, 1958.
9- Sesgo y balance de nuestra post-guerra en caza mayor, por Eduardo Figueroa y Alonso Martinez, conde de Yebes. Montes, nº 82 (1958)
10- «Caza y pesca en la sierra de Cazorla». ABC, 25 de abril de 1962.
11- Orden de 30 de octubre de 1952.
12- «Triunfal viaje de S.E. el Jefe del Estado por el Pirineo catalán». La Vanguardia, 27 de septiembre de 1955.
13- La Vanguardia, 7 de marzo de 1952.
14- ABC 22 marzo de 1952.
15- ABC, 9 de enero de 1953.
16-ABC 19 de abril de 1953.
17- Federico Villagran: El Coto de Doñana. Temas Españoles, nº 458 (1968).
18- La defensa de la naturaleza, un deber colectivo (Entrevista con el duque de Calabria, presidente de Adena). ABC, 21 de mayo de 1972.
19- ABC, 28 de enero de 1972.
20- Dr. José Manuel Crespo Guerrero: Apuntes sobre la política cinegética franquista (1939-1975).Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 7º Congreso Forestal Español. Plasencia, mesa temática 5: Gestión de la fauna: conservación y aprovechamiento. Junio, 2017.
21- Rafael Notario Gómez: Repoblaciones cinegéticas efectuadas por el Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza durante el año 1959. (Suelta de ciervos en la provincia de Soria). Revista de Montes, nº 88, 1959.
Asuntos: Caza
