queipodellanoEstampa, 6 de marzo de 1937

 

Todavía tiene el cinismo alguna nación extranjera de pedir explicaciones por alguno que otro paseíto. ¿Porqué no protesta de los fusilamientos en masa de Badajoz, Puente Genil, etc., etc.? ¿Porqué no propone un canje de prisioneros?

Abril: portavoz de las izquierdas (Guadalajara), 31 de octubre de 1936

Para hoy, están anunciados los siguientes Consejos de guerra:
A las diez y media de la mañana, contra Florentino Sordo Cardín, Basilio Blasco Iglesias y Antonio Rodríguez Corrales. Abogado, señor Cortina. A las once y cuarto de la mañana, contra Juan Miranda Rodríguez, Julio Pérez Rodríguez, Enrique Alonso Rode y Manuel Comín Labrador. Abogado, señor Lavandera. A las doce, […]

Voluntad (Gijón) 12 de enero de 1938

 

 

Causa General, el libro recopilación de atrocidades republicanas publicado en 1943, incluyó muchas fotos de cadáveres de mujeres en sus páginas. Aunque son las horrendas fotografías recogidas en los archivos de la Dirección General de Seguridad, los rostros de las mujeres parecen en general intactos, mientras que las fotos de hombres suelen mostrarles con la cabeza aplastada, la tapa de los sesos volada e incluso con boquetes en plena cara. Tal vez se trató de una delicadeza del recopilador de las fotografías para el libro, o puede que los ejecutores trataran a las mujeres con más miramiento, o emplearan armas de más pequeño calibre que las que usaban con los hombres.

El porcentaje de mujeres asesinadas en la zona republicana fue aproximadamente de un 5%. No se mató a ningún niño, aunque sí a algunos adolescentes. Este perfil corresponde a un politicidio, no a un genocidio (es decir, al exterminio de un deme completo). La cifra total de estos crímenes republicanos ha conocido una evolución a la baja, desde los 500.000 ejecutados citados por Franco en una entrevista en plena guerra a los aproximadamente 50.000 que se admiten en la actualidad. La documentación reunida para la Causa General contó algo más de 80.000, cifra considerada tan baja que no se publicó en su día. El número de asesinados en zona nacional ha seguido el camino inverso, desde los primeros estudios de los años 1970s que los cifraron en unos 40.000.  Actualmente se acepta una cifra que se acerca a los 150.000, una tercera parte de ellos ejecutados después de la guerra. El resultado final es que el politicidio alcanzó probablemente a más de 200.000 personas, en un rango de un 1% de la población total.

Se han hecho muchos estudios locales de víctimas que van más allá de la simple suma de ejecutados. Gracias a ellos se puede saber que las cifras totales de asesinatos en una ciudad o en una provincia reúnen ejecuciones llevadas a cabo con finalidades distintas, aunque comparten un objetivo final: el cribado de la población. Podía tratarse de “limpiar a fondo la retaguardia”, expresión muy usada en el estado republicano, o de hacer “un escarmiento que durase cuatro generaciones”, leitmotiv implícito de las masacres llevadas a cabo por los nacionalistas. El resultado final es que, por primera vez en su historia, toda la población española fue tamizada sistemática y minuciosamente, con la finalidad de separar lo malo de lo bueno. Para los nacionales, el proceso comenzó al mismo tiempo que el Alzamiento, y no terminó hasta muchos años después del final de la guerra.

La limpieza cuasi-étnica y política que llevaron a cabo las derechas tuvo varias fases o modalidades. La primera ocurrió en los mismos cuarteles, en el momento mismo en que fueron dominados por los oficiales facciosos. Los militares que no se unieron al Glorioso Alzamiento (por lo general Jefes y empleos de superior graduación) fueron inmediatamente neutralizados, fusilados o encarcelados. Limpiar el propio Ejército era un paso imprescindible si se quería asegurar el éxito de la guerra civil desencadenada.

Siguieron las autoridades públicas nombradas por el gobierno de Frente Popular, otro paso fundamental para asegurar el control de las zonas dominadas por los militares facciosos. Gobernadores civiles, diputados, alcaldes, concejales o miembros de comisiones gestoras municipales fueron también prontamente neutralizados mediante su encarcelamiento o fusilamiento. Gobernadores civiles, diputados y alcaldes del Frente Popular fueron asesinados más o menos por las mismas razones por las que se mataba a obispos, sacerdotes y frailes en la zona roja, sin necesidad de culpabilidad individual, simplemente por su papel de representantes de un poder en la tierra que había que aniquilar. En el caso de los nacionales, una vez eliminados estos hombres, fueron prontamente sustituidos por nuevas personas adictas, representando los mismos papeles y manteniendo lo más intacta posible la estructura del Estado, sin apenas solución de continuidad. Una de las obsesiones del Estado nacionalista fue el bussiness as usual.

Esta modalidad de represión consistió en la aniquilación de determinadas categorías políticas y sociales “significadas”, como curas, frailes, obispos, concejales y  alcaldes de Frente Popular, militares desafectos, diputados, terratenientes, dirigentes de partidos políticos contrarios y sindicatos en el lado equivocado.

Esta represión ocurrió en ambos lados, el nacional y republicano, estableciéndose por ello una cierta equivalencia bien numérica (por ejemplo, el número de diputados de las Cortes ejecutados por un lado u otro fue bastante parejo) o bien de significación (por ejemplo, alcaldes y gobernadores civiles republicanos cumplieron en la zona nacional aproximadamente el papel que cumplieron en zona roja párrocos y obispos). Los porcentajes de exterminio fueron altos, en torno a un 10%, mucho mayores en algunos casos. La razón de tan altos porcentajes estaba en que esta categoría reflejaba un deseo de exterminar y eliminar completamente, como se elimina una plaga, a enemigos políticos perfectamente etiquetados –un obispo, un gobernador civil de Izquierda Republicana–, considerados siempre como categorías infecciosas y dañinas para la sociedad.

En bastantes pueblos de la zona leal, durante las primeras semanas de la guerra, se mató sistemáticamente al alcalde, el cura, el cacique local, propietarios de demasiadas tierras y algunos elementos anejos, considerados como facciosos. Es lo que puede llamar la modalidad “el cura y los dos importantes”. Los aldeanos podían actuar por su cuenta o acicateados por elementos venidos de fuera. Muchas veces, se encerró en alguna dependencia municipal convertida en cárcel improvisada a los importantes del pueblo, los parásitos en la nueva terminología, pero sin saber muy bien que hacer con ellos. En muchos pueblos de Aragón, las ejecuciones de estos elementos necesitaron como acicate la llegada al pueblo de algún camión de milicianos de la FAI sedientos de sangre, procedentes de Barcelona.

La modalidad inversa se practicó mucho en pueblos pequeños del valle del Duero. Tras recibir instrucciones de la nueva cadena de mando desde la capital de la provincia, las nuevas autoridades del pueblo encerraban a los miembros de la antigua gestora (corporación municipal) del Frente Popular, y a los elementos que se habían significado en partidos y organizaciones de izquierda. Las autoridades provinciales proporcionaban más adelante los medios de ejecución.

Para los militares golpistas y sus ayudantes, tras matar a diputados, gobernadores civiles y alcaldes de izquierdas, el siguiente paso lógico habría sido la eliminación de los afiliados a los partidos integrantes de Frente Popular, seguidos de sus votantes y simpatizantes. No se podía llegar a tanto, pero sí se consiguió marcar este grupo fusilando a algunos de sus componentes más conspicuos y enviando a los otros por este medio un claro mensaje. En Villanueva de San Mancio, un pueblo de poco más de 300 habitantes en plena Tierra de Campos, la limpieza fue completa, pues fueron muertas 13 personas, incluyendo todos los miembros de la gestora municipal del Frente Popular nombrada en mayo de ese mismo año y otros jornaleros que se habían significado en la asociación de trabajadores de la tierra. Todos fueron detenidos el 20 de julio, siguiendo las instrucciones de Valladolid capital. Eran gente más bien joven, muchos casados, la mayoría de profesión jornaleros y bastante enjutos: de los cuatro cuya estatura es conocida, sólo uno medía más de 1,59 metros. Pasaron semanas detenidos en la cárcel del pueblo, abastecidos por sus familias de mantas y comida. Por fin, el 13 de agosto llegó un camión con el pelotón de ejecución. Los mataron a unos diez kilómetros del pueblo.

En pocos pueblos de la provincia se hizo una limpieza tan intensa como en Villanueva de San Mancio, donde mataron a uno de cada seis cabezas de familia. Pero en todos se hizo de una u otra forma, de manera metódica, hasta completar la tarea. Cuánta gente había que matar dependía de diversas circunstancias. No se dictaron porcentajes (salvo, al parecer, en Extremadura) y limpiar la provincia de rojos era “lo que había que hacer”, sin órdenes explícitas del cuartel general. En el valle del Duero, en general, bastó con fusilar a la mitad del uno por ciento. En la infinidad de pueblos de unos pocos cientos de habitantes, esto quería decir una o dos personas, que solía ser el alcalde del Frente Popular, el maestro, algún jornalero que se había significado y así. Con eso bastó en general para dominar al principio la zona nacional en los primeros días del Alzamiento. Luego siguió un proceso de purificación mucho más lento, que castigaba la falta de adhesión al Glorioso Movimiento de muchas formas en función de los muchos delitos, faltas e incluso torpezas que se podían cometer en este sentido.

Probablemente la mayor cantidad de los crímenes de la guerra civil fue este  escarmiento realizado por los nacionales sobre amplias categorías sociales, como jornaleros afiliados a sindicatos, obreros sin cualificar metidos en algún tipo de organización, etc. Era la puesta en práctica de medidas para meter en cintura a las “clases peligrosas”. Los porcentajes son de un 1% como media de ejecutados sobre la población total de una comarca o una ciudad, con variaciones entre el 0,1% en zonas muy tranquilas politicamente (como las áreas apartadas de montaña) y hasta el 4% o más en zonas “conflictivas” como el valle del Guadalquivir o la ribera del Ebro en Navarra y la Rioja.

La población no fue diezmada, pero sí las familias. Ejecutar a 20 hombres en un pueblo de 1.000 habitantes o a 200 en una ciudad de 10.000 (un porcentaje del 2%, muy habitual en Andalucía y Extremadura) equivalía a liquidar a un miembro de una de cada diez familias. El mensaje era entendido claramente por las nueve restantes. Matar a un 0,2 % implicaba ejecutar a dos personas en un pueblo de un millar de almas, en cuyo caso más que de escarmiento se puede hablar de aniquilación de la disidencia: esas dos personas podrían ser fácilmente el maestro y el alcalde.

En el avance de la vigésimo tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española, bajo la voz “Paseo”, se ha incorporado la expresión “Dar a alguien el paseo.”, que significa “En la Guerra Civil española, trasladarlo a un lugar para matarlo”. Esta era la especialidad de los escuadrones de la muerte, que operaban sobre todo en ciudades, aunque podían hacer incursiones para continuar su tarea en los pueblos. Los escuadrones de la muerte necesitaban la connivencia de una autoridad política (no la aprobación directa), un local, armas, vehículos y algún sistema de ficheros. Recogían información para buscar a sus víctimas, las arrastraban al centro de detención, las interrogaban y en ocasiones torturaban, y a continuación las liberaban o bien, usando de nuevo sus vehículos, se las llevaban a un lugar apartado para matarlas a tiros.

Tanto nacionales como republicanos esgrimían la idea de que luchaban por un pueblo español básicamente sano, honrado y trabajador. Esta idea (la del sano pueblo español) no era contradictoria con otra que establecía que el pueblo español debía ser purgado de sus elementos indeseables. En este caso el enfoque de las dos partes enfrentadas era muy distinto.

En el bando republicano nunca se tuvo un criterio unificado y menos aún oficial. Aquellos considerados exterminables por la CNT no eran los mismos que los de la UGT u otra cualquiera de las docenas de organizaciones políticas que proliferaron en la zona republicana hasta la relativa unificación de los últimos meses de la guerra, ya bajo el gobierno “de la Victoria” de Negrín. Una de las ideas claves que todo el mundo compartía era la eliminación de parásitos, considerando como tales a los que vivían de chupar la sangre del pueblo, que coincidían aproximadamente con las clases propietarias y la Iglesia. Esta última debió pagar una pesada deuda de sangre, por su gran dispersión territorial y abundancia de efectivos. Cuando se consolidaron los escuadrones de la muerte de inspiración soviética, se dedicaron con entusiasmo a perseguir a los enemigos políticos de su mismo bando, es decir socialistas, anarquistas, faístas, poumistas, troskistas, y traidores (desde su punto de vista) en general, dejando considerable margen de acción a los verdaderos enemigos de la República, la quinta columna falangista y de derechas.

En la zona nacional, existía en teoría una Autoridad militar superior omnímoda, pero en la práctica, sobre todo en los primeros meses, los señores de la guerra locales actuaron con mucha autonomía, delegando el trabajo sucio en los escuadrones de la muerte derechistas. Caso no infrecuente eran los desmanes de las escuadras falangistas, que a veces se emborrachaban y salían con sus coches para matar gente a capricho, sacándolos de sus casas o de las cárceles. Así se construyó la imagen del pistolero falangista, el señorito inútil de la cultura española de toda la vida, pero ahora uniformado, armado y con sed de sangre.

La modalidad más instantánea de la masacre fue la que se hizo sobre el terreno, en la onda de choque del movimiento de columnas de soldados. En las primeras semanas de la guerra el criterio utilizado para llevar a cabo el escarmiento era simplemente fusilar a todos aquellos encontrados con un arma en la mano, o que se pensaba que la habían esgrimido, que no fueron considerados de ninguna manera como soldados de un ejército enemigo.

Para los militares nacionalistas, los milicianos republicanos encarnaban todas las características de baja calidad humana que desde hacía medio siglo se machacaban incesantemente, a través del neodarwinismo, el concepto de criminal nato de Lombroso y la versión local que achacaba a tales especímenes, que abundaban especialmente en los suburbios de las grandes ciudades y en el  sur de España, negativas características raciales, propensión al crimen, vagancia y  necesidad permanente de mano dura sobre ellos. En consecuencia, el teniente coronel Yagüe hizo un sangriento recorrido por Andalucía Occidental y Extremadura, que culminó en las ejecuciones masivas de Badajoz.  El resultado fue una verdadera limpieza étnica que se hizo más selectiva a medida que avanzaba la guerra y los motivos biológicos eran sustituídos por otros más puramente políticos.

Los linchamientos o estallidos de violencia popular también provocaron muchas víctimas. En este caso se necesitaba una colección inerme de enemigos políticos, metidos en cualquier cárcel o centro de reclusión más o menos improvisado. Lo siguiente necesario era la chispa que desencadenara la venganza sobre los prisioneros indefensos. Motivos muy habituales fueron los bombardeos aéreos, que hacían que la multitud exigiera la ejecución de un número equivalente al de las víctimas que habían provocado los aviones enemigos. Así ocurrió con los barcos prisión anclados en la ría de Bilbao Altuna Mendi y Cabo Quilates, y el Alfonso Pérez en Santander. La famosa saca de la cárcel modelo de Madrid de finales de agosto fue incitada por las matanzas de Badajoz de una semana antes. Otros motivos podían ser la llegada de muertos y heridos del frente o, en la zona nacional, incluso festividades religiosas o la noticia de la toma de alguna ciudad al enemigo.

Otras personas murieron por estar en el lugar equivocado en el momento menos adecuado, por pagar cuentas personales, por el contagio de lazos personales o familiares, o por pura casualidad y mala suerte si por algún error administrativo eran o no incluidas en listas o sacas o entre los que subían o no a la caja del camión encargado de transportar a las víctimas. Muchas personas, especialmente las de alguna categoría social, intentaron salvar la vida acudiendo a las redes sociales de parentesco o ámbito profesional. Todo el mundo tenía algún conocido o pariente que conocía a otro que era muy amigo de la Autoridad encargada de confirmar el fusilamiento. Entre las élites de las España de la época los grados de separación eran muy pocos.

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